El Gobierno acelera los trámites para aprobar, de forma inminente, un decreto ley que regule la jubilación a los 60 años de casi 90.000 policías locales de toda España. Se trabaja en una normativa similar a la que ya rige la retirada anticipada de los agentes de la Ertzaintza.
Un agente de la Policía Local en una calle de Zaragoza.
Esta semana se ha conocido que el Ministerio de Empleo ha dado vía libre a la normativa que posibilitará esta jubilación de efectivos municipales sin que vean rebajada su pensión. El desbloqueo se produce después de un mes de intercambio de escritos y negociaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Ahora, un policía local puede retirarse a los 60 siempre que haya cotizado durante 35 años. A partir del próximo año, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras del decreto que prepara Empleo, la nueva norma contemplará que puedan beneficiarse de un coeficiente de bonificación de 0,20 puntos. Es una fórmula similar a la que ya se aplica a los 8.000 agentes de la policía autonómica vasca.
Esto significa que, por cada año trabajado se les contará 1,20 años. Un modelo que se traduce en una reducción significativa de los años de servicio. La medida es importante en términos económicos, teniendo en cuenta que los propios ayuntamientos deberán costear parte del sobrecoste que generará esta medida.
Así las cosas, según las fuentes consultadas por ECD, se exigirán alrededor de 29 años cotizados a la Seguridad Social para acceder a la jubilación con el 100% de la base reguladora. El único requisito será el pago de un coeficiente adicional del 4% que va aumentando a medida que se acerca la edad de retiro.
La medida permitirá adelantar la edad de jubilación a los 60 años, sin perder capacidad adquisitiva, a 87.000 efectivos de 2.500 plantillas, entre agentes locales y autonómicos (incluidos Mossos y Policía Foral). De esta manera, se equipararán las policías locales con otros colectivos similares, como la Policía Nacional o los bomberos.
El Gobierno tenía previsto aprobar un decreto ley con esta medida hace casi un año, incluso antes de las generales del 20 de diciembre. Pero ha encontrado muchas dificultades para recopilar los datos necesarios que debían entregar más de un centenar de ayuntamientos de toda España. La ministra Báñez se comprometió públicamente en noviembre de 2015 a sacar adelante la reforma.
Inspectores de Trabajo, con los que ha venido hablando ECD en los últimos meses, han tenido incluso que desplazarse a varias capitales de provincia para obtener la información requerida. No había forma de que la remitieran a Madrid.
Esta colaboración resultaba fundamental para la elaboración de los informes que deben acompañar al decreto ley. Pero los alcaldes se resistían a facilitarla, argumentando que, si se aprobaba la jubilación anticipada, las calles de sus ciudades se quedarían sin policías locales.
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