Archivadores apilados unos sobre otros, como meros sacos de patatas, y otros esparcidos directamente por el suelo. Este es el aspecto del Registro General del Ayuntamiento de Benidorm, según denunció ayer el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB). El sindicato aseguró que este caos y descontrol de los documentos podría implicar una vulneración de la Ley de Protección de Datos por parte del Ayuntamiento y advirtió al Consistorio que tal infracción prevé multas de entre 40.001 y 300.000 euros.

La organización sindical señaló que este caos del Registro General afecta a documentos especialmente sensibles para la seguridad y privacidad de los ciudadanos. Esos escritos a los que aludió el sindicato proceden de la Jefatura Provincial de Tráfico, consellerias , Ayuntamientos, Ministerios, Suma, Agencia Tributaria, juzgados, Tesorería General de la Seguridad Social y otros con la etiqueta de "varios".

La central sindical aseguró que la custodia de los archivadores, los datos y la documentación que contienen incumpliría la Ley Orgánica de Protección de Datos, "donde claramente se establece las obligaciones relativas a los niveles de seguridad, normas para el archivo correcto de soportes y dispositivos de almacenamiento, entre otras", precisa el sindicato. "Directrices que, a simple vista , el Ayuntamiento de Benidorm se salta a la torera", añade.
El sindicato incidió en que la mencionada Ley estable de forma imperativa que el almacenamiento de los datos en ficheros no automatizados se debe realizar en lugares donde no puedan acceder terceras personas y, además, que esos datos se almacenen en dispositivos que dispongan de mecanismos que obstaculicen su apertura. "A la vista de lo acontecido y de las imágenes se evidencia la grave irresponsabilidad y guirigay que hay montado en el Registro Municipal", denunció el sindicato.

El SPPLB insistió en que estos hechos ya han sido trasladados al Ayuntamiento, en concreto al alcalde, el socialista Agustín Navarro, a través de un escrito en el que le insta a que tome medidas para subsanar esas irregularidades. "Que los archivadores desaparezcan del lugar donde se encuentran con carácter de urgencia, ante el pasotismo, pasividad e irresponsabilidad, máxime cuando los propios funcionarios ya lo han advertido en varias ocasiones, solicitando el traslado de estos documentos al archivo municipal, pero se les ha hecho caso omiso", señala el sindicato de Policías y Bomberos.

El SPPLB hizo hincapié en que la consecuencia inmediata de la falta de seguridad en la custodia de este tipo de documentación (ficheros locales, programas o equipos que contengan datos personales) supone una infracción grave, cuyos responsables pueden ser multados con cantidades entre 40.001 y s 300.000 euros.
El equipo de gobierno, a través del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Conrado Hernández, declinó responder a las críticas de este sindicato.

A vueltas con la contratación de Modrego
La polémica por la decisión del equipo de gobierno de Benidorm, en manos de la coalición entre socialistas y liberales, de contratar en calidad de asesor externo al exconseller Fernando Modrego no cesa. Ayer, el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) pidió al alcalde, Agustín Navarro, del PSPV, que revoque la contratación. La iniciativa del sindicato se produce a raíz de las declaraciones del regidor en las que se desmarcaba de la contratación del exconseller. Navarro aseguró que su grupo sólo apoyo la necesidad del puesto, pero que el nombre fue una iniciativa de los liberales. "Desde el SPPLB, entendemos que, a la vista de los hechos, la contratación antes indicada se ha realizado prescindiendo de procedimiento selectivo alguno y sin respetar los principios básicos de igualdad y publicidad que debe estar presente en toda actuación administrativa", señaló el sindicato en una nota oficial.