El Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) de Benidorm responsabilizó ayer al equipo de Gobierno local y en concreto a la edil de Hacienda, Natalia Guijarro, del PSPV, de la «desidia» de los servicios jurídicos del Consistorio a la hora de defender los intereses de la corporación en distintos procedimientos.
La denuncia del sindicato se produjo al hilo de una sentencia, que publicó la pasada semana este diario, por un despido en la que el juez multó con 600 euros al Ayuntamiento por pleitear con «notoria temeridad». El magistrado declaró el despido improcedente y obligó al Consistorio a indemnizar a la trabajadora, la directora del centro de formación, con 24.000 euros. En su resolución, el juez también cuestionó la legalidad del contrato.
El sindicato señaló que es la segunda ocasión, en poco más de dos meses, en la que los magistrados resaltan en sus sentencias la falta de actividad probatorias en los diversos juicios en los que está inmerso.
El SPPLB anunció que ha remitido un escrito al alcalde en que pide que los servicios jurídicos emitan un informe sobre esos hechos y «que se proceda a depurar las responsabilidades correspondientes, incluso patrimoniales contra el funcionario o autoridad causante de este perjuicio para las arcas municipales».
Recibe las últimas noticias en tu correo una vez al mes.