Nueva controversia a cuenta de las prácticas de tiro de los agentes de la Policía Local de Benidorm. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) denunció ayer que el alcalde, el socialista Agustín Navarro, ha autorizado un nuevo pago de 1.000 euros al instructor de dichas prácticas -casado con la secretaria del primer edil, y secretario a su vez del intendente jefe de la Policía-, según consta en el correspondiente decreto. Sin embargo, según el sindicato, solo la mitad de la plantilla de Benidorm realizó una única práctica el año pasado, en lugar de las dos obligatorias. El otro 50% de los agentes ni siquiera llegó a participar en el ejercicio.
Así, el secretario del SPPLB en Benidorm, Francisco Ángel González, ha remitido un escrito al alcalde en el que le recuerda la obligación de realizar dos prácticas de tiro al año -según el Decreto 18/95 de 24 de enero, de la Generalitat-. Al mismo tiempo, el sindicato reclama a Navarro una copia del informe en el que, según el decreto, se justifica el pago de las prácticas de tiro. El SPPLB aseguró ayer que, en las fechas en las que supuestamente se realizaron las prácticas (del 30 de agosto al 31 de octubre), el funcionario en cuestión se encontraba disfrutando de doce días de asuntos propios.
Antes de que Navarro aprobase este último pago por las prácticas de tiro, el marido de su secretaria ya se había embolsado otros 5.000 euros en tres años, desde que el PSOE gobierna en Benidorm, tal como publicó ABC el pasado 6 de junio. Así, con este nuevo decreto el instructor de tiro suma ya 6.000 euros, a pesar de que no se ha cubierto el cupo de prácticas obligatorias, según denuncia el SPPLB.
El funcionario, secretario del intendente de la Policía Local, es el mismo que justificó 2.500 euros en gastos tras un viaje a una feria de seguridad en Zaragoza -tal como publicó ABC el pasado 4 de junio-, con el visto bueno de la concejal de Hacienda, Natalia Guijarro. El marido de la secretaria del alcalde tenía previsto acudir a otro viaje a Barcelona para visitar el Instituto Catalán de Seguridad y disponía de 1.200 euros para gastos, pero dicho viaje se anuló tras las informaciones publicadas por este periódico.
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