23 de los 24 instructores del IVASPE han presentado su dimisión ante las decisiones de la Conselleria
La Conselleria dirigida por Gabriela Bravo acumula una nueva polémica. Hasta 23 de los 24 instructores del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), la academia de Policía Local y Bomberos de la Comunidad Valenciana, han presentado su dimisión tras más de dos años sin cobrar. Una situación a la que se unen los docentes del centro que también arrastran meses sin percibir la totalidad salarial de sus clases. Con todas estas incógnitas sin resolver, la consellera de Justicia anunció hace unos días la instalación de un nuevo centro de formación del IVASPE especializado en seguridad y emergencias climáticas, que comenzaría a estar disponible el próximo otoño en Alicante.
En el mes de julio, otra decisión inédita de los actuales gestores de la Academia de Policía Local generó cierta inquietud en el sector. Los futuros policías de la promoción 52 pasarían a hacer directamente las prácticas antes de haber superado la parte teórica, algo que desde el Sindicato Profesional de Policía y Bomberos (SPPLB) tildan de una “auténtica barbaridad” que convierte al IVASPE en el “hazmerreír” de todas las Academias de Seguridad.
“Ordenan a los Policías Locales a prestar servicio en la calle sin tener ni un solo minuto de parte teórica. Es como si a un médico lo mandan antes a un hospital sin estudiar la carrera de medicina. Totalmente inverosímil”, explican en un comunicado.
Además, recuerdan que los Policías no pueden tomar posesión en propiedad de sus plazas hasta que no finalicen el IVASPE, por lo que se puede estar ocasionando un “grave perjuicio” a los Ayuntamientos y todos lo futuros Policías Locales de la promoción 52 en el caso de que se tuviera de que retrasar el inicio del curso.
“A los gestores les da igual que se retrase el curso básico, claro que no se han buscado pisos en los alrededores para pernoctar, no han adelantado vacaciones, permisos, asuntos familiares...una auténtica vergüenza que demuestra lo poco que les importa la seguridad y en concreto la Policía Local”, manifiestan.
Como precedente, recuerdan que el CEMPOL (Centro de Emergencias Policiales), integrado en la Sala de Emergencias del 112, tuvo que cerrar tras 15 meses de imagos y la dimisión de los 46 policías locales —cuatro coordinadores y 42 operadores— que combinaban su trabajo en sus respectivas plantillas con las guardias en el Proyecto Cempol.
Por ello, desde el sindicato anuncian que darán cuenta de estas irregularidades a todos los Grupos Políticos de Les Corts a fin de que puedan tomar “cartas en el asunto”, además del Síndic de Greuges.
“El SPPLB hace responsable de forma directa a la consellera Gabriela Bravo y el director de Emergencias José María Ángel, los cuales deberían de dar explicaciones de todo este despropósito y a continuación dimitir”, apostillan.
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