La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha confirmado un auto del juzgado de instrucción número 3 que acordó el sobreseimiento de las actuaciones llevadas a cabo para investigar la denuncia interpuesta por una jueza por presuntas coacciones y amenazas de un representante sindical que manifestó en los medios de comunicación su disconformidad con una sentencia y anunció su intención de recurrirla. Además, la sala obliga a la magistrada a pagar las costas judiciales.
En su denuncia, la que fuera magistrada titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Castellón en la fecha de los hechos -conocida por no celebrar juicios entre homosexuales cuando ejercía en Denia; ahora lo hace en Valencia- aseguraba que el 26 de octubre de 2011 aparecieron publicadas unas manifestaciones por parte de un representante sindical que consideró que tenían la finalidad de coaccionarla y amenazarla «para alterar el sentido de sus sentencias».
Según explicaba, en tales manifestaciones se indicaba que, de proseguir con su actitud, es decir, si desestimaba o imponía las costas en alguna reclamación, el denunciado presentaría una queja a sus superiores.
Asimismo, indicaba que el 2 de noviembre de 2011 el hombre asistió como público a la sala de vistas en que se celebraban varios juicios y que a la salida de la juez la esperaba «silencioso y solo» a su paso por el pasillo, actitud que la magistrada interpretó como una amenaza velada para que resolviera en un sentido favorable a sus intereses.
En el auto en el que el tribunal desestima el recurso interpuesto por la juez se indica que la denuncia se basa en las presuntas manifestaciones vertidas por el denunciado, representante sindical, ante los medios de comunicación, por su discordancia en su condición de secretario provincial de Castellón del sindicato de la Policía Local y Bomberos (SPPLB) con una sentencia dictada por la magistrada, sin que de la documentación presentada se desprenda la concurrencia de hechos constitutivos de infracción penal.
Libertad de expresión
La Audiencia estima que no se considera que las manifestaciones del denunciado a los medios de comunicación, anunciando su propósito de interponer recurso contra la sentencia dictada por la denunciante y de estudiar la posibilidad de formular queja en el CGPJ puedan ser constitutivas de amenazas.
«Se trata del anuncio, entre manifestaciones amparadas por la libertad de expresión en un asunto de una cierta relevancia pública, de dos iniciativas amparadas por el ordenamiento», razonan los magistrados en la sentencia.
Asimismo, la sala señala que tampoco puede pensarse en unas posibles coacciones, «dado que lo que se anuncia es la reacción ante una sentencia ya dictada, por lo que no se ve la posible virtualidad intimidante para alterar el sentido de las sentencias».
Con respecto a que el denunciado asistiera como público a dos juicios presididos por la juez y permaneciera en el pasillo a la salida de ésta, los magistrados señalan que tampoco se aprecia su pretendido sentido intimidante ni que pueda tener relevancia penal.
