«No se cuestiona que se hagan servicios de seguridad pero sí la operatividad y eficacia real en estos momentos de recortes y ajustes». Así se expresó ayer el secretario general del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) en el Ayuntamiento de Valencia, Jesús Santos, tras ser preguntado por la idoneidad o no de la supresión del servicio de escoltas de los concejales.
A su juicio, es «incomprensible» que con el contexto actual se mantengan los escoltas y no se cuente con, por ejemplo, brigadas se seguridad, unidades de intervención, policía judicial o unidades caninas, entre otros servicios.
En este sentido, Santos recordó que algunos ayuntamientos (el de Sevilla el último) e instituciones (como ha sucedido en la judicatura y la fiscalía) han retirado o reducido el servicio de escoltas siguiendo las indicaciones del Ministerio de Interior, «por lo que en Valencia habría que revisar el escenario y replantear la situación».
En cualquier caso, y como puntualizó el representante del sindicato policial en el Ayuntamiento, «se habla de los guardaespaldas asignados a concejalías y delegaciones, nunca de los de Alcaldía y que, por tanto, tiene asignados la alcaldesa», pues en este caso se trata de un personaje de interés público.
Tareas diferentes
El secretario general del SPPLB recordó que desde esta entidad se ha criticado las tareas que tienen que desempeñar algunos de los guardaespaldas. «Una cosa es si procede mantener el servicio y otra que actualmente la mayoría de los compañeros tengan que realizar funciones de chóferes, de ahí la necesidad de analizar la situación actual», apuntó Santos, aunque se mostró partidario de la reincorporación de los guardaespaldas a sus puestos anteriores.
En caso de que finalmente se produjera la renuncia de los concejales del equipo de Gobierno a la escolta asignada, los agentes que actualmente desempeñan esas funciones volverían a los puestos que dejaron vacantes en sus respectivas unidades. Se trata de unos 40 agentes que se incorporarían de nuevo a sus puestos en unidades de distrito como Benicalap, Ruzafa o Ciutat Vella en el llamado servicio de policía de barrio, en Tráfico o en los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES).
Jesús Santos también especificó que, aunque los ediles no tuvieran escolta, «siempre se les puede reasignar un agente en caso de necesidad por una situación concreta de amenazas o por una nueva asignación que tuvieran que entrañara algún riesgo».
