El Sindicato Profesional de Policía Locales denuncia la mala gestión de la Covid en Castelló www.castelloninformacion.com  14-01-22   Solicitan equipos de protección individuales con mascarillas FPP2 para los trabajadores municipales    El sindicato de Policías Locales y Bomberos (Spplb) de Castelló ha remitido un comunicado en el que han denunciado lo que consideran una mala gestión de la Covid por parte del Ayuntamiento de Castelló para con sus trabajadores. Han solicitado equipos de protección individuales con mascarillas FPP2, sobre todo para los funcionarios que trabajen de cara al público. Informan también, que debido a los contagios entre los agentes de seguridad han disminuido el número de patrullas en el Área de Seguridad.   Comunicado del SPPLB   “Desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (Spplb) del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana, queremos hacer público nuestro malestar con la gestión que se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento de Castellón respecto a la crisis del Covid-19.   Debido al aumento de casos positivos en estas últimas semanas en todos los ámbitos de nuestra sociedad estamos solicitando que se extremen las precauciones y se suministren los equipos de protección individual (EPIs) necesarios para poder garantizar al máximo la seguridad de los trabajadores del Ayuntamiento que prestan servicio de cara al público.   Desde el mes de agosto, estamos solicitando al Departamento de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Castellón que se suministren mascarillas FPP2 para todos los trabajadores que prestan servicio de cara al público y para cada día, pero no se ha tenido en cuenta nuestra solicitud.   Actualmente se están entregando 2 mascarillas FPP2 a la semana a cada trabajador y varias mascarillas quirúrgicas.   No entendemos porqué se nos dan “largas” al contestarnos, por parte de la Corporación, que van a suministrar mascarillas FPP2 para cada día de trabajo, cuando no es así, porque repetimos, estamos insistiendo con este tema desde el pasado mes de agosto.   Con esta falta de transparencia y responsabilidad por parte de la Corporación Municipal se están poniendo en riesgo la vida y la salud de los trabajadores que prestan servicio al público y también las de los propios ciudadanos.   También queremos informar de que han disminuido el número de patrullas en el Área de Seguridad debido al positivo de varios miembros de la plantilla, ya que no se crean grupos “burbuja” ni se toman las medidas pertinentes para minimizar lo máximo posible los riesgos de contagio, afectando al servicio al ciudadano y a la calidad del mismo a causa de los contagios”.                

Benidorm deberá abonar unos 70.000 euros al funcionario que ejercía de Jefe de Emergencias pero no cobraba como tal   www.alicanteplaza.es  4-1-22   BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm deberá abonar unos 70.000 euros al funcionario que ejercía como jefe de Emergencias y Movilidad desde octubre de 2015, pero que no percibía las retribuciones por ello.    Así lo ha estimado el juzgado contencioso-administrativo número cuatro de Alicante, tras el recurso presentado por el Sindicato Profesional SPPL. La sentencia fue notificada a principios de diciembre, no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.    La reclamación data del 23 de octubre de 2020, cuando el funcionario en cuestión, un técnico de administración general adscrito a Tesorería, reclamó el reconocimiento del derecho al percibo de las diferencias retributivas existentes entre las propias del puesto de trabajo de origen, y el que ha venido desempeñando, el de jefe de Emergencias y de Movilidad desde octubre de 2015. La reclamación ya se había presentado ante el ayuntamientos, pero se había desestimado por silencio administrativo, dice el fallo judicial.    El hecho en sí no fue discutido ni siquiera por el ayuntamiento. Sin embargo, en su contestación de la demanda, sí que dijo el consistorio benidormí que las cantidades  a percibir por el recurrente son las diferencias retributivas complementarias -complemento de destino y complemento especifico correspondientes a la categoria superior de administrativo. La juez discrepó de esa interpretación y consideró que el operario público debía percibir las “retribuciones íntegras”, concepto que engloba no sólo las retribuciones complementarias – como son el complemento específico y el complemento de destino-, sino además las retribuciones básicas.   Por tanto, la juez da la razón al funcionario y condena al consistorio, no sólo a pagar la diferencias retributivas existentes entre las de su puesto de trabajo de origen y el que ha venido desempeñando como Director de Área de Seguridad y Movilidad desde el 22 de diciembre de 2015 a la actualidad, con el consiguiente abono de las cantidades devengadas y los intereses, además de las costas.   El Sindicato de Profesionales ha pedido explicaciones al Ayuntamiento de Benidorm por no haber aceptado la reclamación en primera instancia y haber generado, a las arcas públicas, gastos innecesarios con este nuevo fallo contra el consistorio, que se suma a otros anteriores que han acabado con el mismo final: se reconocen los derechos de los trabajadores a percibir parte de los honorarios devengados por ocupar un puesto diferente y, además, se condena al consistorio.

Piden a la Diputación de Albacete que se persone como acusación en el caso de los amaños www.elespañol.com  22-12-21   Comunicado oficial del Sindicato de Policías y Bomberos de Albacete ante la investigación de la Policía Nacional sobre una presunta trama de amaños en el acceso a la Función Pública en la Diputación albaceteña.         El Sindicato de Policías Locales y Bomberos de Albacete ha hecho público este miércoles un comunicado en el que pide a la Diputación Provincial que se persone como acusación particular en el caso de la presunta trama de amaño de oposiciones de la que viene informando EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM a raíz de la investigación puesta en marcha ahora por la Policía Nacional en la institución provincial por supuestas irregularidades entre los años 2013 y 2016.       Como se sabe por las informaciones de nuestro periódico, este caso se ha reactivado a raíz de la investigación abierta por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ante la presunta existencia de una trama de amaño de las oposiciones de la Diputación de Albacete que estaría integrada por al menos 14 empleados de la institución provincial.       Ante esta situación, y tal como hemos informado, la Diputación de Albacete, que preside actualmente el socialista Santiago Cabañero, ha mostrado su "absoluta disposición" a colaborar con la investigación, igual que ha hecho el presidente del PP de Castilla-La Mancha y presidente de la Diputación entre los años 2011 a 2015, Paco Núñez, sorprendido por las insinuaciones lanzadas desde el PSOE contra él por este asunto.       El caso ha despertado también reacciones fuera del ámbito de la política. El Sindicato de Policías Locales y Bomberos de Albacete ha remitido a nuestro periódico un comunicado en el que piden a la Diputación que se persone como acusación particular y recuerda parte de los hechos producidos en torno a este caso.       Bajo el titular de "La Diputación está obligada a personarse como acusación particular", este sindicato informa de que ha solicitado formalmente, y por registro, que la institución provincial albaceteña "cumpla lo acordado" en la comisión de investigación en noviembre de 2016.   El contenido íntegro del comunicado es el siguiente:       "Recientemente se ha hecho público en los medios de comunicación a nivel nacional, la existencia de una investigación judicial abierta llevada a cabo por el Grupo de delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional por la presunta existencia de una organización criminal compuesta por funcionarios de la Diputación de Albacete y Junta de Comunidades que se dedicaba a amañar oposiciones en la oferta de empleo publico de 2009.       Debido al gran número de quejas de opositores que participaron en los procedimientos selectivos, además de las coincidencias familiares entre los aprobados y miembros de los tribunales o de un mismo sindicato  se creó una Comisión Especial para el Estudio de dicha oferta de empleo público mediante acuerdo Plenario de la Excma. Diputación Provincial de Albacete en fecha 6 de Agosto de 2015 y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.       Esta comisión de información hizo públicas sus conclusiones en pleno de diputación , llegando a la conclusión de que los resultados de algunos de ellos, fueron condicionados de forma decisiva por la presunta existencia de una cadena de favores basados en relaciones políticas, sindicales, personales o laborales. Cuyas conclusiones se aprobaron en el Acuerdo adoptado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2016, con los votos a favor del SPPLB, CC.OO., U.G.T, Ciudadanos, Ganemos-IU, PSOE y los votos en contra del Partido Popular y del sindicato CSIF.       El punto tercero de dicho acuerdo dice así: 'La Excma. Diputación Provincial de Albacete se personará como acusación particular, en cualquier procedimiento judicial de carácter penal que se pueda inicia'       Por todo ello nuestra sección sindical ha solicitado por registro a la corporación , los grupos politicos y sindicatos que votaron a favor del dictamen reconociendo los más que evidentes motivos que hicieron levantar las sospechas  entre los aspirantes , que Diputación cumpla  lo acordado en mencionado punto tercero del acuerdo y se persone como acusación particular".   Cruce de acusaciones       Hasta aquí el comunicado del Sindicato de Policías y Bomberos de Albacete. Como venimos informando, la investigación de la Policía Nacional desvelada ahora por EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, ha provocado un cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP en Castilla-La Mancha, aunque ambos partidos y la propia Diputación albaceteña se han puesto a disposición de la autoridad policial y judicial pertinente para aclarar todo lo que puedan al respecto. 

Funcionarios de la Diputación de Albacete amañaban oposiciones para colocar a familiares www.elespañol.com   17-12-21   La Policía Nacional ha intervenido material de espionaje para grabar reuniones de tribunales donde se decidían las preguntas de exámenes.      Una tempestad judicial de proporciones bíblicas se cierne sobre la Diputación Provincial de Albacete. El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha destapado una organización criminal integrada por funcionarios de esta institución supuestamente dedicados a amañar exámenes de oposición. EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a las diligencias por supuestos delitos de cohecho y organización criminal, que de momento afectan a catorce empleados públicos de distinto rango. El escándalo es mayúsculo porque solo acaba de empezar el efecto dominó...      La lista de oposiciones que están en la diana policial es ingente, con el perjuicio que ello supone para cientos de opositores que pagaron tasas, academias para prepararse las pruebas, y que se dejaron las pestañas a base de horas estudiando un examen al que llegaron otros aspirantes con el aprobado garantizado para acceder a un puesto de trabajo. De hecho, su único esfuerzo consistió en empollarse, unos días antes, 2/6 las respuestas a las preguntas que les filtraron presuntamente funcionarios de la Diputación y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que integraban el tribunal opositor en cuestión.      En los informes policiales, figuran bajo sospecha convocatorias a oficial electricista, administrativo, bombero, mecánico conductor de automóvil, portero, ingeniero técnico de obras públicas, monitor deportivo, guarda, profesores de Música, Artes Escénicas... Para darle más morbo a la investigación, la persona que ha tirado de la manta es la exmujer de un ingeniero técnico industrial de la Diputación de Albacete, al que la Policía Nacional sitúa como presunto cabecilla de la trama.      "Mi representada formuló denuncia ante la Comisaría de Policía Nacional de Albacete poniendo de relieve los hechos delictivos de los que había tenido conocimiento como esposa del querellado, con el deseo de que pudieran investigar aquellas conductas ilícitas que han perjudicado tanto a los ciudadanos, como a las instituciones públicas, y que han provocado a lo largo del tiempo una situación de intranquilidad, desasosiego y ansiedad en mi representada", tal y como expone la denuncia que provocó que el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal iniciase una 'caza de brujas' en la Diputación de Albacete.      Desde 2013 hasta 2016, el citado ingeniero supuestamente ha liderado a un grupo de empleados públicos en una trama de amaños de oposiciones, consistente en dar un trato de favor a los aspirantes que seleccionaban. Así lo expone -sin paños calientes- la Policía Nacional: "Nos encontramos ante una organización criminal de funcionarios que obtenía los exámenes de las oposiciones a Diputación, con la finalidad de beneficiarse de las distintas plazas ofertadas para sí mismos o para sus allegados".      La 'ex' del ingeniero es concejal en un Ayuntamiento de la provincia albaceteña y destapó este 'tocomocho' opositor aportando en sede policial un 'pendrive'. El dispositivo almacenaba grabaciones de una reunión del tribunal de una oposición a oficial electricista donde se acordaron las preguntas del examen, así como archivos de texto con cuestiones que se incluyeron en otras oposiciones de electricista y guarda.    Material de espionaje      Los tentáculos de la trama criminal son tan alargados, que los investigadores ponen en tela de juicio la pulcritud de los procesos de oposición convocados en los últimos años por este órgano de gobierno de la provincia. "Parece que en la Diputación se hubiera convertido en lo habitual, que las plazas de oposiciones fueran para los allegados a los funcionarios de este organismo, convirtiéndose en 'modus' habitual, oposición tras oposición, cambiando el 'modus operandi', según el caso (...)".      Para filtrar las preguntas de los exámenes la organización recurría a dos prácticas. La primera consistía en usar material de espionaje debido a que antes de las reuniones de cualquier tribunal opositor, sus integrantes tenían que entregar su móvil al secretario. De modo que los funcionarios investigados, empleaban desde un bolígrafo espía, equipado con un micrófono para grabar la sesión, a tarjetas telefónicas prepago, a las que insertaban micros que se activaban mediante una llamada desde el exterior, incluso portaban un bolso con un habitáculo secreto para una grabadora.      Durante la reunión se decidían los contenidos de los exámenes, de modo que ellos salían con las preguntas grabadas para posteriormente transcribirlas y pasarlas a los 'elegidos'. La segunda práctica consistía en introducir en el tribunal a varios miembros de esta supuesta trama, los cuales acudían a la sesión con una batería de preguntas previamente redactadas y se coordinaban para introducirlas en la prueba. El resultado final no variaba: las cuestiones luego eran filtradas al opositor u opositores seleccionados.       De los dos métodos, el del espionaje era más efectivo que el de colar a varios miembros de la trama en el tribunal para decidir el contenido final de la prueba. Valga como botón de muestra dos convocatorias de febrero de 2015, donde los agentes puntualizan que en la oposición a guarda, la organización dispuso de 51 de 80 preguntas, mientras que en la de oficial electricista se hicieron con el 100% al grabar la reunión.   'Quid pro quo'      El gancho para que los funcionarios se sumasen a la trama, consistía en obtener un empleo para toda la vida siguiendo el principio de 'quid pro quo': "Si tú colaborabas como miembro del tribunal para que aprobara un allegado de otra persona, posteriormente en otra oposición te ayudarían a ti para que aprobara un allegado tuyo".      Pasar a formar parte de un tribunal es sencillo porque sus miembros son elegidos entre el personal de la Diputación de Albacete, a propuesta de los sindicatos y de la Corporación Provincial. De forma, que los tribunales que diseñaban los exámenes a veces estaban tan corrompidos que cinco de sus siete miembros se dedicaban a soplar las preguntas.      La Policía Nacional ha cotejado los datos personales de los integrantes de los tribunales de las convocatorias auditadas y ha cantado bingo porque hay nombres "recurrentes", así como una relación directa entre aprobados y miembros de tribunales. "Llama la 4/6 atención que de 1.783 aspirantes a la oposición de operario, por la modalidad de oposición libre, en la que todos parten en igualdad de condiciones, cinco de los seis aprobados tengan vínculos con personas investigadas en esta trama".      El contenido de uno de los informes es demoledor por la cadena de favores que dibuja y que supuestamente se ha instaurado desde 2013 entre algunos funcionarios, con el objetivo de mercadear con plazas de empleo público convocadas desde la citada institución:      "Todo ello explicaría el interés, o riesgo, de sumarse a la introducción de grabadoras en reuniones de tribunales, prepararse las preguntas para la reunión del tribunal o cualquier otro acto en la obtención de los exámenes y filtración de estos, medidas que se iban modificando según pasaban las pruebas. Lo que supuestamente llevaba a que miembros de tribunales ayudaran a aprobar a opositores relacionados directamente con miembros de otros tribunales, y estos ayudaran a aprobar a los opositores relacionados con miembros de otros tribunales, quedando todo entre ellos, aprobando cónyuges, hijos, familiares, amigos y sobre todo, ellos mismos"   Cambiazo al ordenador      La logística tecnológica de la organización era tan amplia, que contaban con un ordenador idéntico a uno de la Diputación y lo usaban para sustituir el original para extraer las preguntas definitivas del examen codiciado. Una vez que habían dado el cambiazo, disponían de un pendrive con un 'software' propio de un hacker que les permitía dotar de conexión a internet a cualquier dispositivo e imprimir un documento en la impresora más cercana -sin configuración previa-.      "Posteriormente, el examen supuestamente se enviaba por correo electrónico a una dirección email externa o a una impresora para obtenerlo en papel". Los aspirantes a los que filtraban una copia de la prueba, podían llegar con cero puntos a oposiciones en la modalidad de concurso, ya que luego se hacían con la primera plaza y con la mejor nota sin tener experiencia ni cursos. Así ocurrió en la convocatoria de operario que se llevó la hija de un antiguo jefe de área de la Diputación Provincial.      Las víctimas colaterales de esta trama son todos aquellos opositores que cumplieron preparándose honradamente los temarios. La cifra de damnificados puede ser disparatada a la vista de los datos de las convocatorias: 117 aspirantes para dos plazas de oposición libre y concurso oposición de oficial electricista, 246 aspirantes para dos plazas de guarda, 35 a subdirector del Servicio Provincial de Bomberos...      El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal sitúa como cabecilla de esta supuesta organización criminal de funcionarios, a un ingeniero técnico de obras públicas con gran prestigio en la provincia de Albacete. "Identificado por la denunciante [su exmujer] y una testigo, como la persona que en el audio entrega los objetos grabadores".      Además, uno de los teléfonos intervenidos es de su propiedad y se ha confirmado que se utilizó para realizar llamadas a micrófonos grabadores en los días de reunión de los tribunales opositores. "Es quien aparte de hacer entrega de objetos, pone en marcha la grabación, dice donde dejar los objetos, posicionar el micrófono, dinámica de la operativa, emite órdenes, controla la situación y da cuenta de la habitualidad de esta práctica", tal y como figura en un atestado policial.   Una denuncia guiada      El ingeniero ha contratado al afamado abogado murciano Raúl Pardo-Geijo, para que ejerza su defensa. "Los hechos son rotundamente falsos", subraya el penalista, al tiempo que asegura que la exmujer de su cliente le pidió dinero al funcionario para no tirar de la manta. "La denunciante, que a día de hoy no ha superado la ruptura matrimonial, lleva durante dos años extorsionando a mi cliente y a otros compañeros de trabajo con los que tiene relación directa, para que le sean abonados 200.000 euros, a cambio de no filtrar una información que, según dice, está relacionada con posibles amaños en la Diputación desde el año 2013".      El letrado puntualiza que el funcionario no cedió al pago de los 200.000 euros y ejerció acciones legales contra su 'ex', a la sazón, confidente policial de la trama. En la actualidad, esta mujer es concejal en un Ayuntamiento de la provincia albaceteña y se encuentra "procesada" por extorsión y por revelación de secretos -al aportar documentación económica personal durante el proceso de divorcio-.      "Ahora, años después, esta mujer interpone una denuncia dirigida por un claro enemigo de varios de los denunciados, ya que aporta información de imposible conocimiento por su parte, y además, la acompaña con un pendrive que para dar veracidad a su espuria tesis, contiene archivos personales de mi defendido, junto a otros burdamente manipulados", zanja Pardo-Geijo. La investigación estaba declarada bajo secreto de sumario: ahora el escándalo opositor albaceteño es público.                      

El caso de los 43 enchufes del PSOE en Benidorm llega a juicio contra dos exconcejales y seis técnicos   Detectan indicios de prevaricación, tráfico de influencias y malversación por las «relaciones familias y políticas» con el gobierno local   www.abc.es  14-12-2021 www.elespañol.com  14-12-2021 www.benidormaldia.com  14-12-2021   El caso de los 43 enchufes investigados en el Ayuntamiento de Benidorm cuando gobernaba el PSOE en 2010 llega a juicio tras el auto de procedimiento abreviado dictado por el juzgado número 2 del municipio, por los «indicios racionales» de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Se sentarán en el banquillo dos exconcejales socialistas y seis técnicos municipales, por un perjuicio económico para las arcas públicas de 4,5 millones de euros.   La forma en que se favoreció a personas con «relación familiar o política con el equipo de gobierno», según describe este auto, consistió en aplicar subidas salariales -con el informe contrario del interventor municipal- y en cubrir plazas de trabajo sin justificar.   En consecuencia, se considera que hubo una «irregular política de personal y presupuestaria» con un «delito continuado de tráfico de influencias» y se responsabiliza a ocho acusados.   Están procesados por sus cargos y funciones en aquel momento Carmen Navarro Orts (como jefa de Recursos Humanos), Juan Ramón Martínez Martínez (concejal delegado de Recursos Humanos), Daniel Caneiro Espino (coordinador de Recursos Humanos y jefe de Personal), Natalia Guijarro Martínez (concejal de Recursos Humanos), Julio Fernández Lleras (jefe del departamento de Nóminas), María Dolores Cantó Cerdá (técnica de Relaciones Laborales del departamento de Recursos Humanos), María Matilde Martínez Pérez (jefa de Negociado de Personal) y José Asensio Salamero (funcionario municipal).   Complicidad de los técnicos   Desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), que denunció las irregularidades que luego, a su vez, llevó al juzgado el Ministerio Fiscal, han valorado que «queda claro que el político puede tener responsabilidades por firmar resoluciones injustas y ordenar cualquier cosa, pero el funcionario, en definitiva, los técnicos, deben velar por la legalidad, por lo que tienen la misma responsabilidad o mayor». Además, han puesto de relieve que «un político sin la ayuda de los técnicos no puede cometer este tipo de delitos en una Administración pública, además, la prevaricación administrativa es el peor delito que puede cometer un funcionario». Según señala el SPPLB, como ejemplo de las colocaciones «a dedo», se constata que «la contratación personal laboral de nuevo ingreso se cifra en 130 nuevos contratos, el personal funcionario de nuevo ingreso se cifra en 13, a pesar de que según la tasa de reposición establecida en la Ley 26/2009, correspondían únicamente 3 nuevos ingresos»   Familiares y amigos   Entre los 43 enchufes bajo investigación en esta causa, están el padre, el marido y el hermano de tres concejales socialistas de aquel momento, y otros beneficiados vinculados a la lista municipal de este partido en las elecciones.   Uno de los casos más escandalosos que se destapó con la denuncia de este sindicato apuntaba al secretario general de UGT en el Ayuntamiento,Daniel Caneiro, uno de los investigados que será juzgado, y que pudo llegar a cobrar más que el alcalde. El SPPLB le acusó públicamente, además, de «prohibir» al departamento de Nóminas que facilitara esa información sobre su sueldo.   También llamó la atención en su día la creación de una plaza de criminólogo, que existe en unas pocas ciudades españolas con más población, pero inusual en municipios de 60.000 habitantes como Benidorm. Todos estos dispendios, en un momento de crisis y austeridad. El volumen de información y la cantidad de beneficiados por los incrementos retributivos de miles de euros hizo que este caso se convirtiera en «causa compleja».     www.elespañol.com

Carlos Mazón defiende la protección a los policías y la Guardia Civil frente a la reforma legal del Gobierno   El presidente del PPCV se suma a la movilización en Valencia y el sindicato SPPLB tacha de «cacicada» la pretensión de Pedro Sánchez www.abc.es  24-11-21   El presidente del PPCV, Carlos Mazón, se ha sumado a las movilizaciones de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se ha comprometido a «defender su protección» frente a la reforma de la conocida como Ley Mordaza por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este miércoles, el dirigente popular ha participado en Valencia en la concentración que se ha realizado en varias ciudades. Efectivos de las Policías Nacional y Local y la Guardia Civil reclaman «una España segura contra la Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana», coordinados por la plataforma «No a la España insegura». «Si desprotegen a los que nos protegen no solo no tendremos seguridad sino que nos quedaremos sin libertad y con esta ley que quiere imponer el Gobierno de Sánchez vamos en el sentido contrario dejando de lado la labor de policías y guardias civiles por la seguridad ciudadana», ha alertado Mazón.     Miembros del SPPLB, en la concentración de Alicante - ABC   El máximo dirigente de los populares valencianos ha asegurado que a la reforma legal se une que «gracias a la desastrosa gestión del Consell» en la Comunidad Valenciana va a haber una merma de efectivos. «Nos vamos a quedar sin 1.000 policías locales interinos en los ayuntamientos valencianos porque Puig se niega a dar una nueva prórroga, tal y como ha pedido el grupo del PP en una enmienda a la Ley de Acompañamiento», ha denuncido.   Por su parte, el presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez, se ha sumado también a las protestas y ha afirmado que «con la seguridad de los alicantinos y de todos los españoles no se puede mercadear». A su juicio, «parece que el Gobierno lo que quiere es una ley pero de inseguridad, que desprotege de facto la actuación de nuestras fuerzas de seguridad ante la delincuencia, que les deja en desventaja ante el delincuente y el delito».   «Bloquear la labor policial» El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), ha incidido en las repercusiones de este cambio normativo. «Denunciamos que el Gobierno (PSOE y sus socios de Unidas Podemos), pretenden reformar la Ley de Seguridad Ciudadana con el objetivo claro y maquiavélico de bloquear y obstaculizar la labor policial, dejando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad indefensos, desprotegidos y a los pies de los caballos», ha declarado su vicepresidente nacional, Francisco A. González, tras la concentración en Alicante.   «Tienen claro que nos quieren ver desarmados legal y materialmente, y por otro lado, dan facilidades para improvisar una manifestación sin autorización previa y sin tiempo para montar un dispositivo que garantice la seguridad a policías y ciudadanos», ha denunciado el dirigente sindical de Benidorm.   Entre otros detalles, ha recordado que la nueva ley «permite alegremente difundir fotos y grabaciones de policías, y se carga la presunción de veracidad de los agentes de la autoridad para que no tenga valor probatorio, y así tenga el mismo valor que la de un delincuente o infractor».   Por lo tanto, ha considerado que se trata de «una cacicada en toda regla, pues se ha decidido sin consenso, ni participación de los profesionales, ninguneados totalmente y sin, ni tan siquiera, consultar o pedir opinión».   Desde el SPPLB han recordado también que estas concentraciones son previas a la gran manifestación que está prevista para el sábado 27 de noviembre en Madrid.

www.libertaddigital.com  8-11-21   El Gobierno está trabajando en la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Tanto PSOE como Podemos, los dos partidos que sustentan el Ejecutivo, atacaron con fuerza el texto legal cuando fue aprobado en tiempos de Mariano Rajoy en La Moncloa, pero en los últimos años pasaron de exigir su derogación a dejar su reforma en un cajón. Ahora, en las últimas semanas, ambos partidos han pisado el acelerador.   La reforma de esta ley ha sido recibida con preocupación tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil. Sobre todo, porque las partes de esta ley que más protegen a los agentes de ambos cuerpos son, precisamente, algunas de las que con más fiereza criticaron desde los partidos de izquierda y extrema izquierda cuando se aprobó, en un contexto social en el que se estaba erosionando al entonces gobierno popular a golpe de disturbios en las calles.   El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha hecho público en los últimos días su preocupación por "la supresión de la prohibición de grabación y sobre todo de difusión sin autorización previa, de imágenes de policías en su trabajo diario. Una decisión que supone un peligro evidente para la integridad física de los agentes y de sus familias".   "Igualmente, permitir que se celebren manifestaciones ‘espontáneas’, sin comunicarlas previamente ni advertir de sus recorridos, atenta contra las libertades del resto de ciudadanos, y vuelve a poner en situación de peligro e indefensión a los policías que se vean obligados a intervenir", continúan. Es por eso que ha pedido que se retiren estos cambios, tanto "en defensa de los policías" como "de las libertades y el derecho a la seguridad de los ciudadanos".   "Esta situación ahonda en la situación de desamparo institucional que sufren los policías por parte de sus responsables políticos. También, crea más inseguridad jurídica en los policías, lo que puede llevar a coartar su operatividad en la complicada situación de pandemia y rotura del principio de autoridad por la que está pasando nuestro país", concluyen desde el sindicato.   En la misma línea se manifiestan desde la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC). "El anuncio de la derogación de parte de la Ley de Seguridad Ciudadana deja aún más indefensos a los guardias civiles y resto de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado. En este sentido, especialmente preocupante es la retirada de la prohibición de grabación y de difusión sin autorización previa de imágenes de los agentes durante sus actuaciones", exponen.   "Otro error de esta decisión es permitir la celebración de manifestaciones que no hayan sido anteriormente notificadas ni especificar sus recorridos. Una situación que pondría en grave riesgo la seguridad de los agentes. Y no sólo de los agentes, sino también de sus propios familiares, que en muchas ocasiones son también víctimas de situaciones de acoso e incluso agresiones por el hecho de su parentesco", añaden.   Por último, desde esta veterana asociación profesional, consideran que estos cambios en la ley "pondrían en peligro muchas operaciones policiales en curso, y crearía además muchas dudas a la hora de llevar a cabo las actuaciones en relación a las grabaciones en vídeo".   La Confederación Española de Policía (CEP) ha considerado que la iniciativa "llega en el peor de los momentos, precisamente por el aumento de incidentes violentos relacionados con los llamados botellones" y que, además de perjudicar el trabajo policial, "está pensada únicamente para una parte de la ciudadanía, al olvidar que en su articulado se regula la convivencia y que eso implica proteger los derechos de todos los ciudadanos empezando por los de aquellos que ven su vida alterada por comportamientos incívicos".   "Un ejemplo concreto de este riesgo lo tenemos en la enmienda que propone limitar la responsabilidad de los incidentes en una manifestación o concentración únicamente a los organizadores o promotores, retirando del articulado la opción de sanción a quienes ejerzan actos similares a ellos. Con este cambio, cualquier persona o colectivo que no convoque formalmente un acto público -o lo haga desde el anonimato de las redes sociales- pero que se dedique a impulsar incidentes o comportamientos sancionables quedará impune", han argumentado.   El sindicato policial ha dicho que la modificación de la ley apunta a otorgar "más impunidad para quien decida alterar la convivencia pacífica del resto de la sociedad" y ha destacado que "llama poderosamente la atención que se reactive este proyecto normativo por la agenda política y no por cuestiones técnicas o jurídicas, sobre todo teniendo en cuenta el perjuicio que provocará en los derechos profesionales de las Fuerzas de Seguridad".   La preocupación por la situación que pueda causar esta modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana también ha llegada incluso al ámbito de las policías locales, según ha confirmado este lunes el secretario de organización del SPPLB (Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos), Jesús Santos, a este periódico.

www.saforguia.com 29-10-2021 Gandía acogió la asamblea provincial del Sindicato de Policías y Bomberos   El hotel Bayren de la playa de Gandia acogió el miércoles la asamblea provincial del Sindicato de Policías y Bomberos. Al acto acudieron algunos representantes municipales, como el alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz, o el concejal de Seguridad Ciudadana, Nacho Arnau.     www.valencianoticias.com  27-10-2021 Asamblea Provincial de Valencia SPPL   Hoy, 27 de octubre de 2021, el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) ha realizado su Asamblea Provincial de Valencia en la ciudad de Gandía.   La apertura del acto ha sido realizada por el Concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gandia, D. Nacho Arnau Lorente; el Alcalde de Bellrreguard, D. Alexandre Ruiz Gadea; y la Alcaldesa de Miramar, Dª María Pilar Peiró Miñana.   La Asamblea ha contado con la presencia de diversas autoridades y de miembros de la Ejecutiva Nacional del Sindicato SPPLB y la Confederación Sindical FESEP a la que pertenece, congregando a más de un centenar de compromisarios y Delegados del SPPLB de todos los ámbitos de la administración donde el sindicato tiene representación (Policía Local, Bomberos, Policía Portuaria y Administración General y Especial).   En primer lugar, ha tomado la palabra el Secretario Provincial saliente, D. Jesús Santos Cívicos, quien ha hecho una valoración de la importante gestión realizada durante su mandato, exponiendo también el futuro próximo del sindicato en relación a la participación del SPPLB en la FESEP (Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos), con proyectos tales como el reconocimiento de profesión de riesgo para Policía Local y Bomberos, la equiparación salarial entre Policías Locales, endurecimiento de las penas por agresiones a agentes de la autoridad, la fijeza de los interinos en fraude de ley, la regulación de las enfermedades profesionales de Bomberos, etc.   También ha puesto de manifiesto el trabajo realizado a través de la Plataforma EBEP 36.1, donde se trabaja de forma directa y constante para reconocer la necesaria presencia de los sindicatos menos representativos en las Mesas Generales de Negociación, representando así de forma efectiva a los colectivos que dan su apoyo a estos sindicatos.   Tras ello, se han presentado las candidaturas para los próximos cuatro años, aprobándose la nueva configuración de la Ejecutiva Provincial, con la renovación de diversos cargos y el nombramiento como Secretario Provincial del SPPLB de D. Manuel Sánchez Domingo.   Además, se ha realizado un acto de reconocimiento al personal vinculado directamente con el SPPLB en la provincia de Valencia y que recientemente se ha jubilado, siendo entregadas placas conmemorativas a dichas personas, agradeciendo así su trabajo e implicación con el sindicato.   Clausurando la jornada Dª Asunción Quinzá Alegre, Portavoz de Seguridad y Emergencias por el Grupo Popular en Les Corts Valencianes.

www.cadenaser.com  13-10-21 Así lo denuncia el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos que habla de auténtico caos. El responsable de emergencias, José María Ángel, mantiene que "se está trabajando en buscar una fórmula que solucione el problema de los pagos"   Desde la nueva ubicación del IVASPE en Cheste, según el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos, este centro de formación sigue totalmente paralizado. Una situación que afecta ahora también a los bomberos, según Carlos García González, coordinador del área de bomberos del Sindicato Profesional.   De hecho, para la última promoción de bomberos en el ayuntamiento de València, se tuvo que improvisar el curso "buscando material específico prestado y profesorado como se pudo".   García, en declaraciones a la Cadena SER asegura que la consellera Gabriela Bravo "no destina ni un euro para este centro de formación de los cuerpos de emergencias de la Comunitat". Un centro que debe dar servicio a 1.100 Policías Locales, 400 autonómicos, 2.500 bomberos urbanos y forestales, entre otros. Desde el inicio de la pandemia lleva en parálisis, sin dinero para hacer cursos, lo que ha convertido en nada a este centro de formación que se anunció que sería de los mejores de Europa. Pero lo más grave, insiste García, es el impago a los profesores que imparten allí cursos, el último en verano 2020, que todavía no han podido cobrar, con la consiguiente renuncia de los instructores y la paralización del inicio de curso básico para 200 policías.   El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, ha solicitado ya su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de Les Corts para explicar la situación actual del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias . En declaraciones a la Cadena SER, José María Ángel señala que los técnicos jurídicos de la Conselleria encontraron "ciertas dificultades administrativas" para poder ejecutar el pago de los salarios al entender que no estaba "suficientemente acreditada su vinculación a la propia docencia" y en estos momentos, para que los instructores puedan cobrar.   Ángel reconoce que desde la Conselleria son "conscientes de la importancia que tiene el Ivaspe en la formación de policías y servicios de emergencias" y ya se están cubriendo algunas plazas estructurales que habían quedado vacantes y se está tramitando la creación y provisión de las otras plazas previstas en el nuevo organigrama.                  

23 de los 24 instructores del IVASPE han presentado su dimisión ante las decisiones de la Conselleria  www.esdiario.com    La Conselleria dirigida por Gabriela Bravo acumula una nueva polémica. Hasta 23 de los 24 instructores del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), la academia de Policía Local y Bomberos de la Comunidad Valenciana, han presentado su dimisión tras más de dos años sin cobrar. Una situación a la que se unen los docentes del centro que también arrastran meses sin percibir la totalidad salarial de sus clases. Con todas estas incógnitas sin resolver, la consellera de Justicia anunció hace unos días la instalación de un nuevo centro de formación del IVASPE especializado en seguridad y emergencias climáticas, que comenzaría a estar disponible el próximo otoño en Alicante.   En el mes de julio, otra decisión inédita de los actuales gestores de la Academia de Policía Local generó cierta inquietud en el sector. Los futuros policías de la promoción 52 pasarían a hacer directamente las prácticas antes de haber superado la parte teórica, algo que desde el Sindicato Profesional de Policía y Bomberos (SPPLB) tildan de una “auténtica barbaridad” que convierte al IVASPE en el “hazmerreír” de todas las Academias de Seguridad.    “Ordenan a los Policías Locales a prestar servicio en la calle sin tener ni un solo minuto de parte teórica. Es como si a un médico lo mandan antes a un hospital sin estudiar la carrera de medicina. Totalmente inverosímil”, explican en un comunicado.   Además, recuerdan que los Policías no pueden tomar posesión en propiedad de sus plazas hasta que no finalicen el IVASPE, por lo que se puede estar ocasionando un “grave perjuicio” a los Ayuntamientos y todos lo futuros Policías Locales de la promoción 52 en el caso de que se tuviera de que retrasar el inicio del curso.   “A los gestores les da igual que se retrase el curso básico, claro que no se han buscado pisos en los alrededores para pernoctar, no han adelantado vacaciones, permisos, asuntos familiares...una auténtica vergüenza que demuestra lo poco que les importa la seguridad y en concreto la Policía Local”, manifiestan.   Como precedente, recuerdan que el CEMPOL (Centro de Emergencias Policiales), integrado en la Sala de Emergencias del 112, tuvo que cerrar tras 15 meses de imagos y la dimisión de los 46 policías locales —cuatro coordinadores y 42 operadores— que combinaban su trabajo en sus respectivas plantillas con las guardias en el Proyecto Cempol.   Por ello, desde el sindicato anuncian que darán cuenta de estas irregularidades a todos los Grupos Políticos de Les Corts a fin de que puedan tomar “cartas en el asunto”, además del Síndic de Greuges.   “El SPPLB hace responsable de forma directa a la consellera Gabriela Bravo y el director de Emergencias José María Ángel, los cuales deberían de dar explicaciones de todo este despropósito y a continuación dimitir”, apostillan.