El sindicato SPPLB ha desvelado que Benidorm pagará 416,86 euros de intereses por tardar dos años en cumplir sendas sentencias judiciales favorables a dos policías locales, que reclamaron entre ambos la percepción de 2.471 euros en concepto de asistencia a causas judiciales como testigos.
Así lo han puesto de manifiesto sendas propuestas de las Juntas de Gobierno Local celebradas los pasados 16 y 21 de octubre. En la primera se aprobó el abono de 1.677,06 euros, 303,76 de ellos con intereses para cumplir con una de las sentencias. En la otra, el pago de 909,58 euros, de los que 115,10 también son de intereses. Ambas resoluciones judiciales favorables a un afiliado y un representante electo del sindicato son de 2011, aunque las asistencias a juicios datan de 2008 y 2009 y la reclamación de los policías del 16 de febrero de 2010.
Para el SPPLB, “la actitud del equipo de gobierno es un total despropósito y lo único que continúa acarreando son perjuicios sin sentido y varapalos para las arcas municipales”, además de criticar “la existencia de dos varas de medir, una para el Sindicato Profesional y sus afiliados, otras para sus palmeros”.
El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), mayoritario en la junta de personal del Ayuntamiento de Benidorm, acusó ayer al gobierno local, el bipartito integrado por el PSPV y los liberales, de «trato discriminatorio». La denuncia del sindicato, que llevó a la Fiscalía supuestas irregularidades en el área de contratación y personal del Ayuntamiento, se enmarca en la demora de dos años a la hora de ejecutar sendas demandas que dos agentes de la Policía Local ganaron al Consistorio.
En un comunicado oficial hecho público ayer, la organización sindical denunció que «la forma arbitraria y antojadiza que el gobierno socialista está llevando a cabo con el Sindicato Profesional que denunció a la Fiscalía diversas irregularidades, está quedando al descubierto paulatinamente, dejando constancia de que muchas de sus decisiones han sido tomadas de forma premeditada e intencionada».
El SPPLB señaló que su acusación queda demostrada «a través de dos resoluciones de la junta de gobierno local porque deberá abonar 2.471,48 euros, más 416,86 euros de intereses al verse obligados a ejecutar dos sentencias que fallaron a favor de un afiliado y un representante electo del Sindicato Profesional en el año 2011, dos años después». «La actitud del equipo de gobierno es un despropósito y lo único que continúa acarreando son perjuicios sin sentido y varapalos para las arcas municipales», añade la nota.
El Sindicato de Policías asegura, además, que el abogado que defendió al Consistorio en las demandas de los dos policías «coincide, en las dos sentencias condenatorias, con el abogado que fue contratado externamente a propuesta del departamento de personal, utilizando la partida que existía de 40.000 euros destinada a estudios e informes técnicos para la Valoración en los Puestos de Trabajo en los presupuestos del año 2010». El sindicato asevera que su afirmación, que el gobierno calificó «como una burda mentira», fue corroborada más tarde por un informe de la Intervención municipal.
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