Los sindicatos de la Policía de Alboraya, representados mayoritariamente por SPPLB y CSIF, han anunciado su rechazo a la realización de horas extras y servicios operativos para actos o eventos, tras el malestar generado en la plantilla por las negociaciones fallidas en la mejora de un convenio colectivo mejorado y la relación de puestos de trabajo.

El Servicio de Bomberos Forestales pide seriedad en la política, subrayando su compromiso con la seguridad ciudadana y su disposición a enfrentar desafíos incluso en medio de esta crisis

Un juez da seis meses al Ayuntamiento de Alfaz del Pi para aplicar la mejora a sus funcionarios   El contencioso ganado por el sindicato SPPLB va a implementar la carrera profesional con una actualización de categorías y retribuciones al personal municipal www.abc.es   El juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Alicante ha dado un plazo máximo de seis meses al Ayuntamiento de Alfaz del Pi para que aplique una actualización y mejora de las condiciones salariales y de categorías a sus funcionarios municipales, al aplicar la carrera profesional.   Desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), han informado de la sentencia judicial tras la que se inicirán los trámites oportunos y se aprobará por el órgano competente la relación de normas reglamentarias que establezcan un sistema de grados de desarrollo profesional, se regulan los requisitos y la forma de acceso a cada uno de los grados y las retribuciones asignadas.   «Gracias a las acciones sindicales y judiciales del SPPLB, en el plazo de seis meses, la carrera profesional horizontal va a ser una realidad para todos los trabajadores del Ayuntamiento de Alfaz del Pi», han resaltado. Además, han «tendido la mano y remitido al alcalde un borrador de reglamento» para que la actualización se materialice «con la máxima celeridad», con las negociaciones para ejecutar la sentencia tal y como se ha venido haciendo en otros ayuntamientos de la provincia y de la Comunidad Valenciana.   Finalmente, este sindicato ha expresado en un comunicado su «agradecimiento» al alcalde, el socialista Vicente Arques, que «de forma urgente firmó un decreto accediendo a las peticiones planteadas por el SPPLB».     Opositores de la Policía Local de Alicante   El Ayuntamiento de Alicante ya ha ejecutado la «sentencia histórica» del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Alicante, que también falló a favor de los funcionarios en un pleito por una oferta de empleo público, en este caso.   Varios opositores habían presentado una demanda en el último proceso selectivo de la convocatoria para cubrir en propiedad por turno libre 62 plazas de agentes de Policía Local aprobadas por la Junta de Gobierno Local en fecha 24 de septiembre de 2019.   A tenor de lo expuesto, el tribunal de selección, a petición del concejal de Recursos Humanos, ha acordado, por unanimidad proponer al presidente de la Corporación la propuesta de nombramiento a favor de los 41 aspirantes que, conforme al orden de puntuación les correspondía plaza.   Superaron la oposición y deberán incorporarse al Instituto Valenciano de Seguridad Pública para seguir el curso teórico-práctico, de conformidad con lo establecido en las bases específicas.   «Desde el SPPLB-FESEP, felicitamos a los compañeros que van a conseguir su plaza después de tanto esfuerzo y al Ayuntamiento de Alicante por la decisión adoptada que sin lugar a dudas, va a mejorar la seguridad ciudadana en la Ciudad de Alicante y va a contribuir a corregir el déficit que existe en la plantilla y el ahorro para las arcas municipales ya que no tendrá que realizar un nuevo proceso selectivo», han valorado.

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El Ayuntamiento de Alicante ejecuta dos sentencias que dan plaza de funcionario a 43 opositores a la Policía Local   El sindicato SPPLB-FESEP destaca el refuerzo de la seguridad para la ciudad con la futura incorporación de los aspirantes cuando terminen su periodo de prácticas   Un tribunal falla que el Ayuntamiento de Alicante amplíe en 62 plazas su plantilla de la Policía Local      El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la ejecución de dos sentencias que convierte en funcionarios en prácticas a 43 aspirantes aprobados, pero que no tenían plaza, tras el último proceso selectivo realizado del turno libre para la Policía Local. De esta forma, se da vía libre a su incorporación inmediata al próximo curso del IVASPE previsto para el primer trimestre del año 2024.        «Nos encontramos ante unas sentencias históricas que hacen justicia para todos los opositores que en muchas ocasiones, aparte del sacrifico que supone la enorme dedicación que hacen para la adecuada preparación para conseguir un trabajo, después tienen que sufrir desafortunadas decisiones de ciertos servicios de recursos humanos», han valorado desde el sindicato SPPLB-FESEP.      Asimismo, han agradecido a la Junta de Personal de Funcionarios por el «apoyo» a esta reivindicación y han «felicitado» al alcalde, al concejal de Recursos Humanos y al equipo de gobierno municipal por «esta justa decisión».    Como repercusión positiva para los vecinos, han resaltado que «se va a poder mejorar la seguridad pública en la ciudad de Alicante y va a contribuir a corregir el gran déficit que existe en la actual plantilla», que cuenta con 509 policías efectivos y -según sus cálculos- necesita unos 200 agentes más.      También han puesto de relieve que «significará un gran ahorro para las arcas municipales, ya que no se tendrá que realizar un nuevo proceso selectivo».

EL POLICÍA LOCAL DE BENIDORM PREMIADO AHORA POR LA ORDEN DE CABALLEROS DE SAN CRISTÓBAL ANALIZA LA "VIOLENCIA EN MANIFESTACIONES CONTRA LA AMNISTÍA"   Vicente Planas, medalla policial antiterrorismo: "No se puede generalizar el uso de la fuerza en las protestas" www.elcierredigital.com   La policía se está viendo fuertemente criticada por sus actuaciones en las manifestaciones celebradas durante los últimos días. Mucho ciudadanos denuncian un uso desmedido de la fuerza contra todo manifestante presente, sin importar si es violento o no. Ante esta situación Vicente Planas analiza que "no se debe hacer un uso generalizado de la fuerza, ya que es función de los agentes identificar a los manifestantes violentos y deteneros"   Cada día las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que hacer frente a situaciones límite en la que la mesura y el despliegue operativo juegan un papel clave. Más aún en las últimas semanas, donde los españoles han salido a las calles para protestar por la Ley de amnistía. Esta situación ha provocado un descontrol ciudadano basado en ataques a los agentes y unas órdenes de actuación para los agentes que han levantado críticas entre los manifestantes.     Fuera del liderazgo y las órdenes de las fuerzas políticas hay muchos agentes que son condecorados por su gran labor respecto al país y a la ciudadanía. El próximo 25 de noviembre el criminólogo y policía local de Benidorm, Vicente Planas, recibirá la medalla de la Honorable y Real Orden de Caballeros de San Cristóbal al mérito por la lucha antiterrorista.    Esta condecoración se remonta a los años 90 y 91, en los que Planas permaneció en el Ejército. Concretamente la medalla se debe a los objetivos cubiertos durante esos dos años, concretamente Puzol, Torrente, las torres de comunicaciones y las vías férreas de Valencia. Esos años hubo varios atentados.   El análisis de Vicente Planas sobre lo ocurrido en las manifestaciones En una conversación con elcierredigital.com Vicente Planas, criminólogo y Policía Local de Benidorm, analiza el papel que debe jugar un policía. “Lo principal de un policía es saber actuar lo más rápidamente posible para poder reprimir cualquier hecho delictivo. Lo que ocurre es que los policías en situaciones delicadas actuan en base a las órdenes de los jefes. Es muy importante que un policía conozca la legalidad de las actuaciones para no excederse en ningún momento de los tipificado en la ley. Respecto al criterio jerárquico está claro que la norma constitucional precede a cualquier orden”.   Las actuaciones policiales en Ferraz están siendo fuertemente criticadas, sin embargo, los agentes aseguran han asegurado en todo momento que las órdenes vienen de arriba, concretamente del Delegado de gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, un militante histórico del PSOE. Ante esto las asociaciones pidieron su cese sin recibir respuesta alguna y con más órdenes durante las manifestaciones celebradas en los últimos días.    Respecto a las actuaciones policiales en las manifestaciones Planas señala que “los agentes se deberían ceñir a actuar acorde a los principios constitucionales de igualdad y reciprocidad para evitar un mal mayor. Los miembros de las UIP se limitan a actuar tal y como ordenan los mandos, que son quienes deben evaluar la peligrosidad y disolver las manifestaciones en caso de que sea necesario. Sin embargo, no hay que olvidar que manifestarse se trata de un derecho constitucional”.   “En estas situaciones se deben usar los medios de dispersión más adecuados, dejando siempre para casos extremos el uso de la fuerza mediante la porra o gases. Debería haber observadores que puedan identificar las conductas, tanto de los manifestantes como de los policías, para tomar las medidas correspondientes. El uso de la fuerza desproporcionada como golpear o gasear a manifestantes pacíficos debe ser evaluada para saber quién dio la orden de actuar así”, añade Vicente Planas.    “Los policías que ejerzan el abuso policial deben ser identificados, al igual que los manifestantes violentos. Es función de los policías actuantes controlar a los manifestantes violentos y neutralizarlos, pero no se debe generalizar el uso de la fuerza con el resto de manifestantes. Para evitar esto deberían ser de utilidad los policías que hay infiltrados. Los abusos de poder deben ser identificados y denunciados, tanto por los manifestantes como por el resto de agentes. No se puede permitir la violencia de un lado ni de otro en unas manifestaciones que supuestamente son pacíficas”, concluye Vicente Planas.   La cadena de mando en la Policía A pesar de las críticas recibidas, lo cierto es que, según comentan fuentes policiales, la actuación seguida en las últimas manifestaciones es la que se da “de forma general” en manifestaciones del mismo calibre —pacíficas, pero con presencia de grupos violentos una vez toca la disolución— y que en todos los casos el que “coordina los dispositivos de todos los agentes a pie del terreno es el coordinador de las Unidades de Intervención Policial (UIP)”. Esta figura —que es la que decide “qué tienen que hacer los agentes que están allí”—, a su vez, está enlazada con una cadena de mando. El jefe de las UIP, a su vez, “responde ante el comisario general de Seguridad Ciudadana, que tiene por encima al director adjunto operativo, que es el número uno de la policía. Ahí termina la cadena de mando policial”.   Manifestantes y antidisturbios en una de las manifestaciones Estas mismas fuentes alertan que el director adjunto operativo de la Policía “es el comisario principal y su puesto es de libre designación. El encargado de designarlo, a pesar de ser un mando policial, es el Ministerio del Interior”. Por este motivo los policías defienden “que este tipo de puestos no sean de libre designación, porque es una manera de ser más independientes”. Actualmente el director adjunto operativo de la Policía Nacional es José Ángel González Jiménez.   Otra figura clave para los agentes que acuden a las manifestaciones es la del delegado del Gobierno. En el caso de Madrid es Martín Aguirre, contra el que se querelló el partido político VOX debido a las actuaciones de la policía durante las manifestaciones. Según las fuentes policiales consultadas, “el delegado del Gobierno es el que ejerce el mando directo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la comunidad autónoma y el subdelegado en la provincia”.    “Entre las funciones del delegado del Gobierno en las manifestaciones se encuentran la capacidad de modificar itinerarios y decidir la disolución de la manifestación”, comentan las citadas fuentes.   Por otro lado, se encuentra la estructura de dirección general, que ostenta puestos de responsabilidad. Está compuesta por el director general de la Policía (actualmente Francisco Pardo), el secretario de Estado de Seguridad (Rafael Pérez Ruiz) y el ministro del Interior (Fernando Grande-Marlaska). Estos puestos no dan instrucciones operativas a los agentes.                                                                           .                

El sindicato SPPLB acusa al departamento jurídico del ayuntamiento de Benidorm de ir contra trabajadores municipales y colapsar los tribunales   La causa fue defendida por el sindicato de Policías y Bomberos, que denuncia que los servicios jurídicos del ayuntamiento de Benidorm parecen empeñados en atacar a sus empleados, ralentizando procesos que elevan al Tribunal Superior de Justicia, para después no personarse a defender sus propios recursos.        "Parece indignante que se presenten recursos contra trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento ante los tribunales superiores, alargando los procesos y colapsando los juzgados, para después ni siquiera personarse. Esto es una forma de proceder con absoluta falta de respeto a la justicia, un perjuicio para el trabajador y para las arcas municipales". Así de contundente se ha manifestado para Onda Cero Marina Baixa el secretario del sindicato Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) en el Ayuntamiento de Benidorm, Francisco Ángel González, tras tener conocimiento de la sentencia firme a favor de un funcionario, al que Benidorm debe abonar más de 23.000 euros, por realizar labores de superior categoría. También deberá pagarle intereses de demora y todos los costes judiciales.      La causa fue defendida por el SPPLB, que denuncia que los servicios jurídicos del ayuntamiento de Benidorm parecen empeñados en atacar a sus empleados, ralentizando procesos judiciales, que elevan hasta el Tribunal superior de justicia, para después no presentarse para defender sus propios recursos.      En esta ocasión los hechos se remontan a abril, tras ganar el trabajador, representado por por el SPPLB, la reclamación para percibir una diferencia de sus retribuciones por realizar trabajos de superior categoría. Lejos de aceptar la sentencia, el departamento jurídico del Ayuntamiento benidormense recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, ni siquiera se personó ante este tribunal para defender su recurso, como ha tenido conocimiento el sindicato tras recibir la sentencia firme.      El Ayuntamiento deberá ahora pagar esos 23.000 euros aproximadamente al empleado, más intereses de demora por prolongar el proceso y todos los costes judiciales.      En los últimos cuatro años, el Ayuntamiento de Benidorm ha sido condenado a pagar más de 700.000 euros en reclamaciones presentadas por el personal municipal.

Abren juicio a dos exconcejales del PSOE de Benidorm por supuestas irregularidades al contratar personal   Los encausados son los exediles socialistas Natalia Guijarro y Juan Ramón Martínez, además de dos representantes de sindicatos y cuatro técnicos municipales   El fiscal pide penas de ocho años y seis meses de inhabilitación para cargo público en el caso del delito continuado de prevaricación administrativa y de cuatro años y seis meses de prisión por malversación www.abc.es www.informacion.es www.okdiario.com www.elespañol.com www.europapress.es      El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm ha dictado apertura de juicio oral para investigar supuestas irregularidades en la política de contratación de personal y la cobertura de distintas plazas por parte del anterior gobierno del PSOE de la ciudad. Así, según el auto al que ha tenido acceso este diario, los encausados son los exediles socialistas Natalia Guijarro y Juan Ramón Martínez, además de dos representantes de sindicatos y cuatro técnicos municipales.      La jueza ha decretado la apertura de juicio oral a petición de la Fiscalía y la acusación particular que ejerce el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) contra los dos exconcejales y seis técnicos municipales imputados por supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias. Para ellos, el fiscal pide penas de ocho años y seis meses de inhabilitación para cargo público en el caso del delito continuado de prevaricación administrativa y de cuatro años y seis meses de prisión por malversación.      Según el auto, será ahora la Audiencia de Alicante la que determine la fecha del juicio después de que los acusados comparezcan en la causa. Varios de los imputados habían presentado recursos para evitar la apertura de juicio oral solicitando que se declarara prescrita la causa, a lo que la Fiscalía Provincial de Alicante se opuso.      Los hechos objeto de investigación fueron denunciados en su día por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB) y tienen que ver con la firma de hasta 130 contratos temporales en el año 2010, de los que 43 habrían ido a parar a personas con vínculos familiares o políticos con el PSOE local, cuando el Gobierno central había prohibido taxativamente incrementar las plantillas para reducir la inmensa deuda que entonces tenían los ayuntamientos. También, por la concesión de pluses, complementos y ascensos a funcionarios supuestamente afines desde finales de 2009 a 2012, entre otros hechos. La suma de todo ello generó un desfase presupuestario cercano a los 4,5 millones en el capítulo de Personal con respecto a lo que preveía el plan de ajuste municipal.      En aquella época, Natalia Guijarro ejercía como concejal de Hacienda, mientras que su compañero de grupo, Juan Ramón Martínez, era el responsable de Recursos Humanos. Tras las municipales de 2011, que ganó el PSOE, Guijarro mantuvo las delegaciones del área económica y sumó también las de Personal, departamento que gestionó hasta que los socialistas perdieron las elecciones de 2015.              

El Sindicato SPPLB califica de "mendaz" a Guillem Alsina por incumplir su promesa de aprobar una nueva RPT y la carrera profesional durante la legislatura pasada.

El TSJ avala la mejora salarial a los funcionarios con la carrera profesional en otra sentencia en la Comunidad Valenciana   El sindicato SPPLB destaca que el tribunal desestima el intento de un Ayuntamiento de no aplicar la nueva norma a los empleados públicos apelando a un fallo del Supremo www.abc.es      El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha avalado con una nueva sentencia la aplicación de la carrera profesional para los funcionarios municipales, lo que reporta subidas salariales y una actualización de su categoría, un progreso laboral que había sido cuestionado en el Ayuntamiento de Ontinyent, con el argumento de otro fallo judicial del Tribunal Supremo.      «Nos congratulamos con esta sentencia que confirma otra sentencia anterior, porque está más que justificada esta mejora y nadie va a poder echar por tierra derechos para todos los funcionarios de la Comunidad Valenciana», ha valorado Francisco Ángel, vicepresidente nacional y secretario autonómico el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB).   Una sentencia judicial en Benidorm abre la vía para mejoras salariales a miles de funcionarios de los ayuntamientos      En el nuevo fallo favorable, el TSJCV sentencia que «procede estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos contra la desestimación por silencio administrativo de su solicitud del 4 de abril de 2022 para que el órgano municipal competente aprobara las normas reglamentarias necesarias para la implantación del sistema de carrera horizontal».    En consecuencia, el tribunal autonómico «anula» aquella resolución del Ayuntamiento de Ontinyent «por no ser conforme a derecho» y lo condena en costas y a que aprueba esas normas reglamentarias en el plazo de seis meses, para establecer el «sistema de grados de desarrollo profesional, regulando los requisitos y la forma de acceso a cada uno de los grados, así como las retribuciones asignadas a los mismos».      Desde el SPPLB han hecho énfasis en que la carrera profesional representa un avance en las condiciones y retribuciones del personal de la función pública y, gracias a este reconocimiento en los tribunales, se podrá aplicar en otros ayuntamientos donde se ha reclamado.