El Sindicato Profesional acusa al Ayuntamiento de Benidorm de no resolver las alegaciones de un centenar de funcionarios ocho meses después de aplicar la nueva VPT   El secretario general del sindicato mayoritario en el consistorio califica de "mofa" que no se convoque la comisión de seguimiento que se creó para abordar los fallos en la aplicación de la Valoración de Puestos de Trabajo. El concejal González de Zárate pide paciencia y asegura que Personal está buscando soluciones, aunque "muchísimas" de las alegaciones ya se han resuelto.     www.lasprovincias.es www.ondacero.es   El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), central mayoritaria en el Ayuntamiento de Benidorm, denuncia de nuevo que el equipo de gobierno local no atiende las alegaciones de los funcionarios afectados por la nueva Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) y que tampoco se ha convocado la comisión creada para ello.   El secretario local del sindicato y jefe de la junta municipal de personal, Paco Ángel, ha cifrado durante una entrevista este jueves en Hoy por Hoy Benidorm en un centenar el número de trabajadores que siguen ocupando puestos diferentes a los suyos, realizando más funciones y no reciben un salario ajustado a estas circunstancias desde septiembre del año pasado, cuando se aplicó la VPT.   Ángel ponía de ejemplo a una monitora que trabaja en Servicios Sociales: "Nunca ha abierto la boca, pero hay un problema con ella. Hay un puesto que se ha amortizado - el suyo- porque ella está haciendo otras funciones. Se dijo que se le iba a abonar la diferencia en esas funciones (150 euros más), han pasado ocho meses y la respuesta de Personal es que se preocupe por su puesto".   La comisión de seguimiento de la VPT no se ha convocado a pesar de las promesas que dicen haber recibido para ello: "¿Tenemos que acudir también a los tribunales de Justicia para que cumplan con los acuerdos plenarios?", se pregunta e insiste en criticar la desidia del gobierno local con este tema que, señala, afecta a todas las áreas del consistorio.   "Si el gobierno censura nuestras notas es porque estamos diciendo verdades como puños"   Además, el secretario local del sindicato acusa al departamento de Personal de censurar desde ayer miércoles su comunicado a este respecto en el tablón de anuncios municipal: "Que en el siglo XXI tengamos que aguantar un ataque a la libertad de expresión y sindical es inaudito". Sin embargo, reconoce que esta mañana, después de una conversación con la concejal de este área, se ha publicado: "Buscaremos al responsable de esto", añade.   "No hace falta apretar tanto", responde De Zárate   El segundo teniente de Alcalde, José Ramón González de Zárate, ha respondido a esta denuncia en otra entrevista en Radio Benidorm: "Todo al 100 % en dos días no se puede hacer", ha afirmado. El edil pide comprensión y consenso a las centrales sindicales: "Desde hace 25 años no se había hecho la VPT y el 90 % de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana no la tienen actualizada", asegura.   Además, ha presumido de las funciones que se desarrollan a pesar de la falta de personal: "Este ayuntamiento ha tenido 1.200 trabajadores y ahora tiene 800 como muchísimo, pero se siguen dando los mismos servicios o incluso más".   Sobre las acusaciones de censura por parte del Sindicato Profesional, De Zárate lo ha negado y lo atribuye a un posible descuido: "Se tardó en meter la nota en la página, pero no creo que haya que darle más importancia. El ejemplo de que esté ayuntamiento piensa en los trabajadores es la VPT que se ha aprobado", decía para concluir el tema.

SPPLB denuncia impagos y externalización de la formación a policías locales   www.lavanguardia.com València, 2 may (EFE).- El sindicato de Policías y Bomberos ha denunciado que la academia de Policía Local de la Generalitat IVASPE acumula más de dos años de atrasos en el pago de las nóminas a sus instructores, así como la "externalización" de su formación a los ayuntamientos al ser incapaz de absorber la demanda de alumnos en prácticas.   El sindicato de Policías y Bomberos ha denunciado que la academia de Policía Local de la Generalitat IVASPE acumula más de dos años de atrasos en el pago de las nóminas a sus instructores, así como la "externalización" de su formación a los ayuntamientos al ser incapaz de absorber la demanda de alumnos en prácticas.     El SPPLB atribuye esta situación al "retraso y acumulación de funcionarios pendientes de su formación básica al haberse paralizado la actividad de este por falta de personal y la nefasta gestión durante más de un año", en una de las épocas con más demanda de formación de la historia del IVASPE por la renovación de plantillas.   Advierte además de que ello conllevará una "pérdida de formación de calidad, diferencia de modelo formativo con respecto a lo que debería ser una academia de policía que se pueda llamar como tal".   El sindicato lamenta, en un comunicado remitido este lunes, "la falta de interés y de respeto" hacia los ayuntamientos que son los que pagan las nóminas de los policías locales por parte de la Generalitat hacia la seguridad pública en general y la local en particular.   Señala asimismo que el problema no es sólo para los agentes de nuevo ingreso sino también "para los que están en la calle, cuya formación es cero".   Advierte de que en el curso actual, con un año de retraso, agentes que hicieron las prácticas obligatorias y llevan ya cerca del 40 % del curso hecho (2 meses), cerca de 20 van a tener que empezar de nuevo y saldrán a la calle en el mes de febrero 2023 en vez de julio de este año.   "Esto supone 200.000 euros perdidos en nóminas y la pérdida de la más que acuciante plantilla en la calle para un verano 'postpandemia'", añade el sindicato, que califica la situación de "insostenible" y denuncia que se "despilfarre" el dinero de los impuestos de los ciudadanos.              

LA  FISCALÍA DE ALICANTE RECHAZA DECLARAR PRESCRITA LA CAUSA DEL "CASO ENCHUFES" DE BENIDORM Se investiga una causa contra dos exediles y seis técnicos del Ayuntamiento de Benidorm por irregularidades en la contratación de personal www.alicanteplaza.es www.abc.es www.larazon.es   La Fiscalía Provincial de Alicante se ha opuesto a que se considere prescrita la causa contra dos exediles y 6 técnicos del Ayuntamiento de Benidorm por irregularidades en la política de contratación de personal y la cobertura de distintas plazas en el conocido como “caso enchufes”.     Según la documentación a la que EFE ha tenido acceso, el fiscal rechaza la prescripción de los delitos atribuidos a los investigados por no haber transcurrido el tiempo necesario para el archivo ya que la denuncia de Fiscalía fue presentada el 15 de octubre de 2013 y no ha transcurrido el plazo de diez años.   Asimismo, afirma que “existen indicios de criminalidad sobre los investigados” y que los presuntos delitos que se les atribuye a los investigados son de carácter grave ya que se refieren a los supuestos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, que conllevan penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de entre 7 y 10 años.   Lo importante eres tú!!  Seguimos informando!!  

Más de quinientas personas se manifiestan en la plaza del Ayuntamiento para reclamar un nuevo acuerdo laboral y el cumplimiento de los acuerdos www.lasprovincias.es  24-02-2022   Con el convenio prorrogado desde 2019, más de 500 funcionarios salen a la calle para manifestarse contra el trato recibido por el Ayuntamiento. «Cada día que pasa estamos perdiendo calidad de vida. El nivel de vida sube y nuestros salarios siguen igual», se lamenta un policía local de Valencia. Le preocupa no poder mantener a su familia. Su bolsillo se resiente a medida que pasan los días. «Tengo una mujer y una hija que mantener. También una hipoteca y un coche que pagar».     Con un sabor agridulce en los labios, refleja la realidad que ahoga a los funcionarios: «Nosotros miramos por la ciudadanía pero el ayuntamiento no mira por nosotros».   Rubén es bombero. Su vocación de servicio hace que se preocupe más por cómo afecta la falta de personal a la ciudadanía. «Abren oposiciones para altos cargos, pero no para los bomberos que estamos a pie de calle. La falta de efectivos puede perjudicar gravemente al ciudadano», dice sin tapujos.   En la espalda de su camiseta puede leerse el eslogan: "bomberos quemados". No es el único que la lleva, los manifestantes pertenecientes a su gremio utilizan este humor ácido para reivindicar mejoras en sus condiciones de trabajo. No cesarán en su empeño hasta que los parques de bomberos vuelvan a contar con el personal suficiente y la exigencia de tener que hacer horas extra deje de ser una losa en la espalda de los trabajadores.   El hartazgo de los funcionarios hace latir Valencia. Vicente Gil, coordinador del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), carga junto a sus compañeros con un ataúd de cartón con un esqueleto de plástico caracterizado con el uniforme de policía. En él se puede leer: «RIP servicio público».   Con la concejalía de personal en julio de 2020 se llegó a un acuerdo en la mesa general por el cual se reconocía el esfuerzo de los servicios esenciales con la concesión de la medalla de oro de la ciudad. Esta parte ya se cumplió pero todavía pende de un hilo la promesa de los cinco días de fiesta que todavía no se han otorgado.   «Desde la concejalía de personal se está intentando rebajar el acuerdo que se alcanzó y deben cumplirlo. Si llegamos a acuerdos y no se cumplen tenemos un problema», destaca Gil.   "Con la negociación del nuevo convenio vienen a quitar derechos que ya tenemos consolidados", denuncia Vicente Gil, coordinador del SPPLB   También pesa el acuerdo laboral prorrogado desde 2019. El coordinador del SPPLB denuncia: «Ahora que estamos con la negociación del nuevo convenio vienen a quitar derechos que ya tenemos consolidados, como la conciliación familiar».   El objetivo de estos colectivos es trasladar al Ayuntamiento su descontento. "Estamos dando todo lo que se nos pide, pero no se nos escucha. Hemos hecho muchas horas extra, sobre todo durante en la época de confinamiento", destaca otro bombero. Mientras tanto, su nivel de vida "está estancado a la baja", comenta con desánimo. La pena y la rabia se entremezclan en sus palabras a partes iguales. Considera que a los trabajadores de servicios esenciales, como es su caso, no se les reconoce ni la mitad de trabajo que se les exige.   "Nos negamos a aceptar un acuerdo que no mejore la situación anterior", asegura José Vicente Tarazona, secretario general de CSIF en el Ayuntamiento   La central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) tiñe la plaza del verde de sus banderas. José Vicente Tarazona, el secretario general en el ayuntamiento del CSIF, argumenta que "la corporación está mostrando poco interés en negociar un acuerdo para la renovación del convenio". Su postura es clara: "Todos los que estamos aquí nos negamos a aceptar un acuerdo que no mejore la situación anterior".   Reivindicar el futuro Las trompetas, tambores e instrumentos de la Banda Municipal de Valencia consiguen que las protestas de los trabajadores resuenen por toda la Plaza del Ayuntamiento. Agustín Puig ondea la bandera del Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Administracions i els Serveis Públics (STAS). Lleva en la Banda Municipal desde 1992. Considera que la agrupación musical es "su vida" y le aterroriza que el traspase de su gestión haga tambalear los cimientos de su hogar. "Es como si fuera mi casa".   "Todos los músicos cuando empezamos a estudiar tenemos el sueño de pertenecer a una formación profesional como en mi caso es principal banda de Valencia".   La banda tiene el problema añadido de que el Ayuntamiento tiene previsto traspasar su gestión al Palau de la Música de Valencia. "Queremos seguir perteneciendo al Ayuntamiento de Valencia. Me preocupa que empeore la calidad laboral de los trabajadores", expresa Agustín de forma rotunda. Piensa a futuro, está centrado en luchar por un futuro mejor para los músicos emergentes. "Tengo un hijo que acaba de terminar la carrera de música y el día de mañana se podrá presentar a la Banda Municipal de Valencia si salen plazas en el Ayuntamiento". Asegura que de traspasarse la gestión, "el futuro en las manos del Palau de la Música es mucho más incierto".    

Subdelegación descarta de momento seguir recurriendo contra la VPT de Benidorm EL AYUNTAMIENTO LA APLICA DESDE EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE www.alicanteplaza.es  21-2-22 www.cadenaser.com  21-2-22   La Subdelegación de Gobierno de Alicante no recurrirá la decisión de la jueza de desestimar su demanda contra la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Benidorm. Así lo confirmaron fuentes del organismo a este diario que señalaron que de momento no recurrirán el fallo, aunque todavía tienen que estudiar en profundidad la sentencia. De este modo, el Consistorio puede respirar tranquilo frente a la aplicación de los nuevos documentos desde el pasado mes de septiembre.   Como adelantara Alicante Plaza, la magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante ha desestimado el recurso contra el acuerdo plenario que aprobaba ambos documentos. El principal motivo es que se tendría que haber recurrido, además del acuerdo plenario, el presupuesto municipal en el que irían incluidas esas subidas salariales. "Es un cambio de criterio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de hace escasamente unos meses. Se presentó el recurso como se hacía antes y se ganaba", explicaron fuentes de Subdelegación al conocer el fallo.   No obstante, la jueza también entra a valorar el resto de aspectos a pesar de que partiendo de esa base, el recurso ya estaría rechazado. Subdelegación consideraba que las modificaciones en las retribuciones complementarias que contempla el expediente son superiores a las que establece el artículo 2 del Real Decreto Ley 2/2020 de 21 de enero. Es decir, el 2% salvo que se especifique la excepcionalidad, que afirman que no es el caso. El mismo preveía un aumento del complemento de destino en 214 puestos de trabajo, un 27,57% de los puestos totales, mientras que el aumento del complemento específico afectaba a 268 puestos, lo que supone el 30,45% del total.     La jueza desestima el recurso de Subdelegación de Gobierno y avala la nueva VPT de Benidorm   El fallo menciona que los cambios salariales no se pueden imputar a la RPT por sí sola. Además, argumenta que el recurso apela al incumplimiento de un artículo que hace referencia al 2020 cuando se llegó a implantar en 2021, y no concreta cómo se supera el límite salarial fijado.    Frente a la satisfacción mostrada por parte del Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB), que se llegó a presentar como parte interesada, el Ayuntamiento de Benidorm, a través de su concejal de Personal, Ángela Zaragozí, no quiso entrar a valorar la sentencia ni dar declaraciones al respecto.

La Subdelegación del Gobierno pierde su recurso contra la subida salarial de los funcionarios de Benidorm www.abc.es  20-01-22   El sindicato SPPLB reclama a la subdelegada que «pague de su bolsillo» las costas judiciales   «Una gran cacicada sin precedentes». Así ha valorado el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) el recurso de la Subdelegación del Gobierno en Alicante contra la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) de los funcionarios del Ayuntamiento de Benidorm, que lleva aparejada una subida salarial en algunos casos y han avalado los tribunales. Por eso, han instado a su titular, Araceli Poblador, a que «pague de su bolsillo» las costas judiciales tras haber perdido el contencioso.   En un comunicado, el SPPLB ha acusado a los representantes del Gobierno en la provincia de «seguir directrices del PSOE y, después de amenazar, recular y volver a amenazar hasta en dos ocasiones con tumbar la valoración, presentar una denuncia», en contra del acuerdo plenario en Benidorm el pasado 20 de diciembre de 2020.   Ante este «ataque indiscriminado y sectario de la Subdelegación del Gobierno y por ende, de los dirigentes del PSOE en la Comunidad Valenciana contra Benidorm y contra los trabajadoros municipales», el SPPLB se personó en la causa por dos vías, como sindicato y a nivel particular como empleado de ese Ayuntamiento, su vicesecretario nacional, Francisco A. Gonzalez.   Ahora, el juzgado contencioso-administrativo número cuatro de Alicante, ha fallado contra la Subdelegación del Gobierno, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo.   En concreto, se precisa en la sentencia que, en todo caso y si hubieran estado disconformes, debían recurrir el presupuesto municipal del Ayuntamiento globalmente y no únicamente la partida destinada la VPT de la plantilla municipal, que «respeta total y fielmente el incremento de retribuciones de los funcionarios de la Administración Local que establece anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado».   «Politización burlesca»   Aparte de la cuestión legal, el sindicato ha puesto de relieve el trasfondo político que -á su entender- hay detrás de este conflicto: «La sentencia corrige, sin lugar a dudas, las acciones arbitrarias de la Subdelegación, que es una institución políticamente utilizada de manera burlesca». Para argumentar esta crítica, desde el SPPLB señalan que la institución «no denuncia en aquellos lugares donde gobierna el PSOE, no impugna las VPT, por ejemplo, en Elda y Denia, y por el contrario donde gobiernan otros partidos de signo contrario, impugnan por sistema y también son condenados de manera reiterada». Y menciona entre estos últimos el caso de Benissa y ahora de Benidorm, donde ha sido condenada a pagar las costas.   Por eso, el SPPLB «insta a Araceli Poblador Pacheco, subdelegada del Gobierno en Alicante, a que pague las costas judiciales de su bolsillo, y a que midan con sensatez sus actuaciones» y recuerda que le advirtieron en 2010 de que el Ayuntamiento de Benidorm aprobó otra revisión de los puestos de trabajo municipales con informes contrarios de la Intervención, sin que adoptaran ninguna medida.   Este asunto, cuando gobernaba el PSOE en el municipio alicantino, está siendo objeto de investigación judicial, tras denuncia de este sindicato que luego hizo suya la Fiscalía, y que desde el SPPLB describen como «una valoración de puestos de trabajo encubierta para amiguetes, afines y familiares con un incremento salarial de 4,5 millones euros» para 43 posibles enchufes.

Exigen al alcalde socialista de Novelda destituir al jefe de la Policía investigado por falsedad documental www.abc.es  19-01-22   El oficial está a punto de ser juzgado por presuntamente usar un informe fraudulento para apartar a otro agente a un despacho y sin arma.   El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha pedido al alcalde de Novelda, Francisco José Martínez Alted (PSOE), que destituya al jefe de la Policía Local, a quien nombró hace cuatro meses, porque está siendo investigado por un presunto delito de falsedad documental y podría ser juzgado en breve.   La denuncia ha partido de un conflicto con un oficial, a quien según relata la Fiscalía del caso, apartó de las calles y destinó a tareas administrativas en un despacho y le retiró el arma reglamentaria con un informe fraudulento en el que justificaba esta medida por problemas de salud. En concreto, aseguraba que tenía «una fístula abierta en el brazo que a cualquier trauma podría desencadenar una situación de hemorragia grave, desvanecimientos frecuentes, reiterados accesos de ira y de inestabilidad emocional, con constantes enfrentamientos con miembros de esta plantilla así como de funcionarios del Ayuntamiento y miembros de la corporación».   No obstante, el Ministerio Público -que pide para el denunciado una pena de cuatro años de prisión- achaca esta situación a un conflicto entre el jefe y el oficial porque este último ejerce actividad sindical y había reclamado justo un día antes de ese informe sobre su salud que se anularan plazas de interinos, incluida la del denunciado.   «Humillación»   «Estamos absolutamente indignados con la forma de proceder del intendente Jefe de la Policía Local de Novelda y entendemos que, a tenor del informe del Fiscal, se ha extralimitado totalmente en sus funciones con el único y concreto objetivo de humillar y apartar de la circulación a un oficial de esta plantilla, y delegado sindical nuestro, mandándolo a una oficina y retirándole el arma reglamentaria, amparándose en un informe que según la fiscalía es totalmente falso y por si fuera poco, que lo elaboró con pleno conocimiento de causa, es decir, a sabiendas», ha valorado el vicesecretario nacional del SPPLB, Francisco Á. González.   A su juicio, este responsable policial no puede continuar en el puesto: «Si es capaz de hacer esto con un oficial de la Policía Local, con muchos años de servicio, ¿qué sería capaz de hacer contra cualquier ciudadano de a pie?».   Para el secretario provincial del sindicato, José María Jiménez, el alcalde «ha hecho oídos sordos» ante las peticiones de destituir al jefe de la Policía Local como medida cautelar, porque es «inaceptable, lamentable y vergonzosa» su actuación y -a su juicio- «no está a la altura de ejercer con honestidad y responsabilidad la jefatura de ninguna plantilla de Policía Local».

El Sindicato Profesional de Policía Locales denuncia la mala gestión de la Covid en Castelló www.castelloninformacion.com  14-01-22   Solicitan equipos de protección individuales con mascarillas FPP2 para los trabajadores municipales    El sindicato de Policías Locales y Bomberos (Spplb) de Castelló ha remitido un comunicado en el que han denunciado lo que consideran una mala gestión de la Covid por parte del Ayuntamiento de Castelló para con sus trabajadores. Han solicitado equipos de protección individuales con mascarillas FPP2, sobre todo para los funcionarios que trabajen de cara al público. Informan también, que debido a los contagios entre los agentes de seguridad han disminuido el número de patrullas en el Área de Seguridad.   Comunicado del SPPLB   “Desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (Spplb) del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana, queremos hacer público nuestro malestar con la gestión que se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento de Castellón respecto a la crisis del Covid-19.   Debido al aumento de casos positivos en estas últimas semanas en todos los ámbitos de nuestra sociedad estamos solicitando que se extremen las precauciones y se suministren los equipos de protección individual (EPIs) necesarios para poder garantizar al máximo la seguridad de los trabajadores del Ayuntamiento que prestan servicio de cara al público.   Desde el mes de agosto, estamos solicitando al Departamento de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Castellón que se suministren mascarillas FPP2 para todos los trabajadores que prestan servicio de cara al público y para cada día, pero no se ha tenido en cuenta nuestra solicitud.   Actualmente se están entregando 2 mascarillas FPP2 a la semana a cada trabajador y varias mascarillas quirúrgicas.   No entendemos porqué se nos dan “largas” al contestarnos, por parte de la Corporación, que van a suministrar mascarillas FPP2 para cada día de trabajo, cuando no es así, porque repetimos, estamos insistiendo con este tema desde el pasado mes de agosto.   Con esta falta de transparencia y responsabilidad por parte de la Corporación Municipal se están poniendo en riesgo la vida y la salud de los trabajadores que prestan servicio al público y también las de los propios ciudadanos.   También queremos informar de que han disminuido el número de patrullas en el Área de Seguridad debido al positivo de varios miembros de la plantilla, ya que no se crean grupos “burbuja” ni se toman las medidas pertinentes para minimizar lo máximo posible los riesgos de contagio, afectando al servicio al ciudadano y a la calidad del mismo a causa de los contagios”.                

Benidorm deberá abonar unos 70.000 euros al funcionario que ejercía de Jefe de Emergencias pero no cobraba como tal   www.alicanteplaza.es  4-1-22   BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm deberá abonar unos 70.000 euros al funcionario que ejercía como jefe de Emergencias y Movilidad desde octubre de 2015, pero que no percibía las retribuciones por ello.    Así lo ha estimado el juzgado contencioso-administrativo número cuatro de Alicante, tras el recurso presentado por el Sindicato Profesional SPPL. La sentencia fue notificada a principios de diciembre, no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.    La reclamación data del 23 de octubre de 2020, cuando el funcionario en cuestión, un técnico de administración general adscrito a Tesorería, reclamó el reconocimiento del derecho al percibo de las diferencias retributivas existentes entre las propias del puesto de trabajo de origen, y el que ha venido desempeñando, el de jefe de Emergencias y de Movilidad desde octubre de 2015. La reclamación ya se había presentado ante el ayuntamientos, pero se había desestimado por silencio administrativo, dice el fallo judicial.    El hecho en sí no fue discutido ni siquiera por el ayuntamiento. Sin embargo, en su contestación de la demanda, sí que dijo el consistorio benidormí que las cantidades  a percibir por el recurrente son las diferencias retributivas complementarias -complemento de destino y complemento especifico correspondientes a la categoria superior de administrativo. La juez discrepó de esa interpretación y consideró que el operario público debía percibir las “retribuciones íntegras”, concepto que engloba no sólo las retribuciones complementarias – como son el complemento específico y el complemento de destino-, sino además las retribuciones básicas.   Por tanto, la juez da la razón al funcionario y condena al consistorio, no sólo a pagar la diferencias retributivas existentes entre las de su puesto de trabajo de origen y el que ha venido desempeñando como Director de Área de Seguridad y Movilidad desde el 22 de diciembre de 2015 a la actualidad, con el consiguiente abono de las cantidades devengadas y los intereses, además de las costas.   El Sindicato de Profesionales ha pedido explicaciones al Ayuntamiento de Benidorm por no haber aceptado la reclamación en primera instancia y haber generado, a las arcas públicas, gastos innecesarios con este nuevo fallo contra el consistorio, que se suma a otros anteriores que han acabado con el mismo final: se reconocen los derechos de los trabajadores a percibir parte de los honorarios devengados por ocupar un puesto diferente y, además, se condena al consistorio.

Piden a la Diputación de Albacete que se persone como acusación en el caso de los amaños www.elespañol.com  22-12-21   Comunicado oficial del Sindicato de Policías y Bomberos de Albacete ante la investigación de la Policía Nacional sobre una presunta trama de amaños en el acceso a la Función Pública en la Diputación albaceteña.         El Sindicato de Policías Locales y Bomberos de Albacete ha hecho público este miércoles un comunicado en el que pide a la Diputación Provincial que se persone como acusación particular en el caso de la presunta trama de amaño de oposiciones de la que viene informando EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM a raíz de la investigación puesta en marcha ahora por la Policía Nacional en la institución provincial por supuestas irregularidades entre los años 2013 y 2016.       Como se sabe por las informaciones de nuestro periódico, este caso se ha reactivado a raíz de la investigación abierta por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ante la presunta existencia de una trama de amaño de las oposiciones de la Diputación de Albacete que estaría integrada por al menos 14 empleados de la institución provincial.       Ante esta situación, y tal como hemos informado, la Diputación de Albacete, que preside actualmente el socialista Santiago Cabañero, ha mostrado su "absoluta disposición" a colaborar con la investigación, igual que ha hecho el presidente del PP de Castilla-La Mancha y presidente de la Diputación entre los años 2011 a 2015, Paco Núñez, sorprendido por las insinuaciones lanzadas desde el PSOE contra él por este asunto.       El caso ha despertado también reacciones fuera del ámbito de la política. El Sindicato de Policías Locales y Bomberos de Albacete ha remitido a nuestro periódico un comunicado en el que piden a la Diputación que se persone como acusación particular y recuerda parte de los hechos producidos en torno a este caso.       Bajo el titular de "La Diputación está obligada a personarse como acusación particular", este sindicato informa de que ha solicitado formalmente, y por registro, que la institución provincial albaceteña "cumpla lo acordado" en la comisión de investigación en noviembre de 2016.   El contenido íntegro del comunicado es el siguiente:       "Recientemente se ha hecho público en los medios de comunicación a nivel nacional, la existencia de una investigación judicial abierta llevada a cabo por el Grupo de delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional por la presunta existencia de una organización criminal compuesta por funcionarios de la Diputación de Albacete y Junta de Comunidades que se dedicaba a amañar oposiciones en la oferta de empleo publico de 2009.       Debido al gran número de quejas de opositores que participaron en los procedimientos selectivos, además de las coincidencias familiares entre los aprobados y miembros de los tribunales o de un mismo sindicato  se creó una Comisión Especial para el Estudio de dicha oferta de empleo público mediante acuerdo Plenario de la Excma. Diputación Provincial de Albacete en fecha 6 de Agosto de 2015 y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.       Esta comisión de información hizo públicas sus conclusiones en pleno de diputación , llegando a la conclusión de que los resultados de algunos de ellos, fueron condicionados de forma decisiva por la presunta existencia de una cadena de favores basados en relaciones políticas, sindicales, personales o laborales. Cuyas conclusiones se aprobaron en el Acuerdo adoptado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2016, con los votos a favor del SPPLB, CC.OO., U.G.T, Ciudadanos, Ganemos-IU, PSOE y los votos en contra del Partido Popular y del sindicato CSIF.       El punto tercero de dicho acuerdo dice así: 'La Excma. Diputación Provincial de Albacete se personará como acusación particular, en cualquier procedimiento judicial de carácter penal que se pueda inicia'       Por todo ello nuestra sección sindical ha solicitado por registro a la corporación , los grupos politicos y sindicatos que votaron a favor del dictamen reconociendo los más que evidentes motivos que hicieron levantar las sospechas  entre los aspirantes , que Diputación cumpla  lo acordado en mencionado punto tercero del acuerdo y se persone como acusación particular".   Cruce de acusaciones       Hasta aquí el comunicado del Sindicato de Policías y Bomberos de Albacete. Como venimos informando, la investigación de la Policía Nacional desvelada ahora por EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, ha provocado un cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP en Castilla-La Mancha, aunque ambos partidos y la propia Diputación albaceteña se han puesto a disposición de la autoridad policial y judicial pertinente para aclarar todo lo que puedan al respecto.