Nombrado jefe sin convocar proceso selectivo.

SPPLB destaca la labor del departamento pese a disponer de turnos «con sólo dos o tres personas en la calle»

Una pareja de policías locales recorre la calle San Vicente. / Juan J. Monzó Un sindicato profesional protesta por la convocatoria, que llega tras una sentencia contra el Consistorio ÁLEX SERRANO Domingo, 19 mayo 2019 Lasprovincias.es El Ayuntamiento de Valencia ha abierto el plazo para recibir solicitudes futuras adscripciones en comisión de servicios a puestos de trabajo vacantes de comisario de la Policía Local. El anuncio, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, ha soliviantado a los sindicatos policiales, que esta misma semana ganaron una sentencia al Consistorio por el nombramiento precisamente de un comisario realizado sin concurso público y previo. «Nos sorprende ahora ver esta convocatoria», explicaron ayer fuentes del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (Spplb). El sindicato criticó «la falta de necesidad de realizar cualquier proceso para la cobertura de forma temporal de mandos en la Policía Local de Valencia». El Consistorio inicia el procedimiento para nombrar comisarios en la Policía Local con funcionarios de Cuerpos municipales de pueblos cercanos. El Sindicato Profesional de Policía Local cree que con los agentes del Cuerpo se pueden completar esas plazas. Una sentencia ha obligado a revocar un nombramiento. «Durante el año 2018 se han llevado a cabo procesos selectivos en todas las categorías de mando del Cuerpo y la forma más rápida, práctica y efectiva de cubrir las plazas vacantes sería a través de la creación de una bolsa de trabajo de esos procesos, donde hubo aspirantes que llegaron hasta el último ejercicio, demostrando estar capacitados después de superar todo un proceso tan duro y prolongado», indicaron las mismas fuentes, que apuntaron que si se hiciera así «sería cuestión de días cubrir las vacantes en las distintas escalas y categorías». «Además, la mayoría de estas personas ocupan ya algún puesto en el organigrama del Cuerpo de Policía Local de Valencia, conociendo a la perfección la idiosincrasia del mismo, su funcionamiento y su estructura funcional», explicaron desde el sindicato. «Desde el Spplb consideramos que es totalmente innecesario que se traiga mando alguno de cualquier otra población, cuando en nuestra propia plantilla tenemos personas que ya han demostrado tener la preparación necesaria y que, en la mayoría de las ocasiones, tienen el reconocimiento de la plantilla por la gran labor que desempeñan a diario en la Policía Local de Valencia», insistieron las mismas fuentes. Precisamente la pasada semana el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Valencia revocó la decisión del Ayuntamiento de nombrar en comisión de servicio para el puesto de comisario de la Policía Local a un funcionario de carrera que provenía de la plantilla del Consistorio de Burjassot tras la denuncia del Spplb, que asegura que el mando fue puesto «a dedo». A esa plaza se presentaron 100 personas pero al final del proceso quedaron únicamente siete.

Jefatura de la Policía Local de Aielo. / lp El primer edil asegura que aún no tiene notificación al respecto y lamenta que se haga público una semana antes de las elecciones BELÉN GONZÁLEZ AIELO DE MALFERIT. Viernes, 17 mayo 2019, Lasprovincias.es El Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia está pendiente de celebrar el juicio oral del procedimiento contra el alcalde de Aielo de Malferit, José Luis Juan Pinter, por un presunto delito de acoso laboral cometido contra el agente de la Policía Local del municipio, J. L. C.. Así lo ha dado a conocer el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos, quien lamenta la situación que ha vivido su compañero durante años y que no sólo ha afectado a su salud, sino también a su dignidad y honor, «algo por lo que continúa luchando». El juicio se celebra después de que la Audiencia Provincial de Valencia instara a la jueza de instrucción del Juzgado número 3 de Ontinyent a revocar el auto de sobreseimiento dictado en primera instancia e iniciara el procedimiento penal abreviado. La jueza estimaba que existían indicios de que «no sólo se está en presencia de meras discrepancias laborales entre policía y alcalde, sino que consideradas conjuntamente la sucesión de situaciones descritas por el apelante y el contexto en el que, supuestamente, se han ido desenvolviendo las mismas... existen datos suficientes para seguir adelante con el procedimiento». Según recuerdan desde el sindicato, el germen de este proceso por acoso laboral hay que buscarlo en 2010, tras la denuncia que el agente, en su condición de Delegado de Personal y a raíz de una queja de los trabajadores, interpone por considerar que se produjeron irregularidades en la oferta de empleo público del Ayuntamiento para cubrir dos plazas de administrativo que favorecían a una familiar de José Luis Juan, concretamente su hermana, al ser éste quien aprobó las bases de la oposición y además nombró a todo el tribunal de selección. El tribunal del Juzgado Contencioso Administrativo número 8 de Valencia daba la razón al Delegado de Personal. Es entonces cuando, aseguran desde el sindicato, se iniciaron las acciones del alcalde contra el agente, que le llevó incluso a la baja laboral, como el retraso en el pago de las nóminas, denegación de las vacaciones en tiempo estival, denegación de días de libre disposición, imposición de la jornada partida sin previa negociación sindical, afectando gravemente a su conciliación familiar, ya que tenía hijos menores a su cargo e incluso la denegación del arma reglamentaria una vez que se reincorporó de la baja, incluso cuando le obligaba a patrullar solo, fuera del núcleo urbano. Contra todas estas resoluciones de la alcaldía interpuso las correspondientes denuncias, todas ellas con sentencias favorables. De hecho, en el auto, la jueza de la Audiencia Provincial, en sus razonamientos jurídicos, indica que «...lo que no se puede aceptar es que una vez reincorporado se le considere apto para el servicio activo, se le asigne funciones de patrulla de calle, se le obligue a ejecutarlo solo frente a la normal actuación en binomio y, sin embargo, se le prohibe el arma reglamentaria... es absolutamente insostenible, por no emplear calificativos más contundentes». También recuerdan, que a pesar de que también se le imputó por un presunto delito de amenazas, a través de cartas anónimas, a familiares del alcalde, los hechos fueron finalmente archivados, al no poderse comprobar. De hecho, el sindicato apunta que el mismo Juzgado y a instancias de los denunciantes, solicitó la averiguación de huellas sobre las cartas que contenían las amenazas, dando como resultado final que éstas cartas no contenían las huellas del Policía Local denunciado, «aunque si se detectaron otras huellas que pertenecían a otro funcionario muy cercano a la alcaldía, el cual posteriormente obtuvo la plaza como funcionario en propiedad en el Ayuntamiento». Por su parte, el alcalde, José Luis Juan, asegura que no tiene notificación de la celebración de juicio y califica de «malicioso y maquiavélico o, cuanto menos, llama la atención» que se de a conocer por parte del Sindicato «a escasos diez días de la celebración de las elecciones municipales». «Está claro que se pretende pervertir y ensuciar una campaña electora», ha manifestado a LAS PROVINCIAS y denuncia el hecho de que «tanto el sindicato como el policía que me ha denunciado, han ido de la mano del concejal portavoz del partido de la oposición en el Ayuntamiento de Aielo en varios recursos y denuncias contra mi persona durante las últimas dos legislaturas». Juan Pinter asegura tener plena confianza en la Justicia, «no en balde, en mis tres legislaturas y viendo que no se me podía ganar en las urnas, han intentado hasta en dos ocasiones ganar las elecciones en los tribunales y en ambas ocasiones el juzgado ha resuelto que o había en este alcalde ninguna acción que mereciera reproche peal». Por último, el alcalde dice que estudiará medias legales contra el sindicato de policías, al entender que «por prudencia, por respeto a la Justicia y por respeto a las personas, deberían haberse abstenido de dar esta información, que sólo tiene clara intención de desgastar a un alcalde».

El sindicato que llevó el caso al juzgado asegura que el mando había sido «puesto a dedo» en una promoción de ocho cargos por el Consistorio

El sindicato SPPLB asegura que la prescripción de estas infracciones genera una situación de «indefensión e inseguridad jurídica» MARINA COSTA MONCADA. Viernes, 10 mayo 2019, Lasprovincias.es «No se han tramitado las denuncias de tráfico en el Ayuntamiento de Moncada desde junio de 2018». El Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) ha denunciado, a través de un escrito, la situación de «indefensión» e «inseguridad jurídica» en la que se encuentran tanto agentes como ciudadanos y el «agravio comparativo» que supone para los vecinos que cumplen las normas, con respecto a los que no lo hacen. En el pleno del 20 de diciembre de 2018, la alcaldesa socialista, Amparo Orts, «dijo que siempre ha habido instructor y secretario para las denuncias y que no era cierto que no se tramitaran, pero la realidad es que, a día de hoy, se siguen sin tramitar las denuncias de tráfico». La formación recalca que ha tenido conocimiento de la contratación de un funcionario interino «para programas, el día 6 de mayo de 2019, no sabemos si para la tramitación de denuncias, puesto que no se ha informado a este sindicato». La formación señala que la alcaldesa dijo en un pleno que había instructor y secretario para hacerlo Según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el plazo de prescripción de las infracciones es de tres meses para las leves y de seis meses para las graves o muy graves. Sin sanción Así, el conductor que estacionó en un vado o en un paso de peatones de Moncada, en los meses de junio a diciembre de 2018, y fue multado por un agente, «ha visto cómo su infracción ha quedado sin sanción, al no tramitarse la correspondiente denuncia y prescribir dicha infracción», recalcan desde el sindicato. Esta situación crea «un estado de indefensión e inseguridad jurídica al ciudadano de Moncada que respeta las normas, frente a la persona que, con actitud incívica, las incumple, además de un agravio comparativo entre el vecino que abona la denuncia de manera voluntario, frente al que no lo hace». Además, estas denuncias «continuarán prescribiendo, mientras no se ponga remedio a esta situación», destacan desde SPPLB. La entidad recalca que el Ayuntamiento de Moncada «no cumpla con la obligación de tramitar las denuncias de tráfico, que la Policía Local observa durante el servicio, es una falta de respeto y total consideración hacia el trabajo de los funcionarios» pero además dificulta la labor de la Policía Local, «pues los infractores reincidentes ven reforzada su actitud al no recibir sanción alguna». Por ello, la formación sindical solicita que «se proceda, con carácter inmediato, al nombramiento de personal para la tramitación y gestión de las denuncias o, en su caso, se encomiende la gestión para su tramitación para evitar la prescripción de las denuncias, todo ello sin perjuicio de la revisión de los hechos por si se hubiera incurrido en alguna responsabilidad». También reclaman que se haga una relación y se informe del número de denuncias prescritas, así como del importe de la sanción que figuraba en cada una de ellas y del total. Este diario intentó ayer sin éxito contactar con la alcaldesa Amparo Orts para preguntarle sobre esta cuestión.

El concejal de Seguridad Ciudadana estudia con sus abogados presentar una querella contra el sindicato porque las afirmaciones «son falsas» Diarioinformacion.com Los dirigentes del SPPLB en una imagen de archivo ÁXEL ÁLVAREZ El delegado sindical del Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB), Victor Giménez, ha denunciado al PSOE por acoso laboral como represalia por las sentencias judiciales ganadas por el sindicato,«con el único fin de amedrentarlo y silenciarlo». Asegura que el alcalde, Rubén Alfaro, «mal aconsejado» por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Melgarejo, abrió un expediente al agente, al comunicar al Jefe de RRHH la «ilegalidad del proceso de selección del Jefe de Policía Local y por tanto le amparaba la garantía de libertad sindical». El Secretario Provincial del SPPLB, José María Jiménez, ha hecho público que «Víctor Giménez Sánchez, ha denunciado en dos ocasiones vía judicial, los procedimientos, presuntamente ilegales, que el equipo de gobierno del PSOE está llevando a cabo desde el año 2015 con el único fin de colocar a un Jefe de Policía Local afín al equipo de gobierno del PSOE». Y esto es lo que ha ocasionado que «tuviese que optar por causar baja psicológica por ansiedad, ante el acoso y derribo que desde el equipo de gobierno del PSOE estaban llevando a cabo, ya que con el expediente disciplinario le quieren aplicar una suspensión de empleo y sueldo de 60 días» Desde el SPBBL se recuerda que «las dos demandas judiciales interpuestas por este sindicato han sido ganadas con rotundidad en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Alicante y el equipo de gobierno del PSOE se ha limitado a alargar los plazos de los procedimientos judiciales, ya que, no ha cumplido ninguna de las dos sentencias y se han limitado a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana» Ante el relato de los hechos, el SPPLB ha denunciado publicamente que «el equipo de gobierno del PSOE-Elda está utilizando medidas represivas contra aquellos que osan tener un punto de vista diferente a la del equipo de gobierno, no dudando en utilizarlas para apartar de su camino por la vía del castigo a quien levanta una crítica contra su gestión». Asimismo anticipan que están ultimando una denuncia judicial contra el equipo de gobierno PSOE-Compromís para que se investigue y se depuren responsabilidades en el proceso de contratación del actual jefe de Policía Local. Según sus servicios jurídicos «podría existir un presunto caso de desviación de poder y/o prevaricación en dicho expediente de contratación, al existir ya dos sentencias judiciales que establecen la ilegalidad de los procesos selectivos para cubrir la citada plaza de Intendente General». Intereses personales y electorales El concejal de Seguridad Ciudadana ha optado por no responder limitándose a indicar que "las acusaciones vertidas son falsas, responden a intereses personales y buscan un efecto político en el marco de la actual campaña electoral". No obstante José Antonio Amat ha anunciado que tanto él como el alcalde, el socialista Rubén Alfaro, van a estudiar con sus abogados presentar una querella contra los responsables del SPPLB ante las acusaciones vertidas contra ellos.

SPPLB critica el estado obsoleto de las instalaciones policiales en València Hortanoticias.com Lavanguardia.com (EFE).- El Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) ha denunciado este miércoles el deterioro de algunas instalaciones policiales de la Policía Local de Valencia y la necesidad de su renovación, ya que en "en cuatro años cero inversiones en instalaciones" en la ciudad. El SPPLB ha asegurado que ciertas instalaciones son "obsoletas" y "poco funcionales" y ha afirmado ya haber denunciado de forma reiterada el estado de los accesos a los retenes en los recintos ante el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Valencia, han informado fuentes del sindicato. Como ejemplo ha citado la aparición de las unidades policiales de la Unidad Gama, que se encargan de la prevención y seguimiento de las víctimas de violencia de género, "que se han tenido que situar en espacios muy reducidos donde ni siquiera se tiene un recinto con suficiente intimidad para atender a las propias víctimas". Según el sindicato, podría ser reestructurado el retén de la primera Unidad de Distrito (Ciutat Vella) situado en un edificio compartido con el Parque Centro Histórico del Cuerpo de Bomberos, para dar un mejor servicio, de forma que queden las plantas inferiores con mayor capacidad operativa para la Policía Local y las superiores para Bomberos. Asimismo, sería necesaria la construcción de un nuevo retén adecuado a las necesidades y al crecimiento en la segunda Unidad de Distrito (Ruzafa), ubicado en un edificio con más de 20 años donde, "entre otras deficiencias", la falta de espacio ha obligado a ocupar el pasillo con taquillas. SPPLB ha señalado también los retenes de la cuarta y séptima Unidades de Distrito, en Abastos y Marítimo, respectivamente, esta última con más de 50 años de antigüedad y que no fue construido para ser utilizado como tal, ya que previamente acogía la Junta Municipal de Distrito y, anteriormente, la Casa de Socorro. EFE

El colectivo de Conserjes y Policía Local sigue sin obtener respuesta a sus peticiones para desempeñar correctamente su trabajo

El sindicato SPPLB ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges tras negar el ayuntamiento de Massanassa su presencia en la Mesa General de Negociación de funcionarios pese a tener dos representantes elegidos.