Reunión Plataforma EBEP36.3 / Grupo Ciudadanos Congreso   CIUDADANOS APOYARÁ EN EL CONGRESO LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD SINDICAL QUE LA PLATAFORMA EBEP 36.3 DEFIENDE.      La Plataforma EBEP 36.3 se ha reunido con el portavoz del Grupo Ciudadanos en la Comisión de Función Publica en el Congreso de los Diputados el Sr. Edmundo Bal, para trasladarle el déficit actual de representación sindical democrática en las Administraciones.      Desde la Plataforma EBEP 36.3 “por una representación sindical democrática en la Administración pública”, le hemos trasladado al Sr. Edmundo la grave situación en la que se encuentra la representación sindical de los empleados públicos en todas las Administraciones púbicas del país.      Las distintas Administraciones Públicas están restringiendo, desde 2018, la presencia de organizaciones sindicales ampliamente representativas en el ámbito público, en una aplicación errónea y distorsionada del Artículo 36.3 del EBEP, que favorece a los sindicatos denominados “mayoritarios” (CCOO-UGT) en relación a la constitución de las Mesas Generales de Negociación y excluye a los representantes elegidos por los propios empleados públicos en las urnas.      Concretamente, solicitamos la modificación del artículo 36.3 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para que en la constitución de las Mesas Generales de Negociación de las distintas Administraciones Públicas se tengan en cuenta los resultados obtenidos en el conjunto de las elecciones a los órganos de representación de los empleados públicos comprendidos en el correspondiente ámbito de negociación (todas las y los ee.pp al margen de su condición contractual, ya sea funcionarial, estatutaria o laboral) y no por representación determinada por otros ámbitos, como pueda ser la presencia en la Mesa General de las Administraciones públicas del Estado.      Por poner un ejemplo a nivel de partidos políticos es como si a la hora de constituir un Ayuntamiento, fuera irrelevante lo votado por los propios vecinos, y la representación viniera determinada por los partidos políticos que estuvieran en el Gobierno, eso es lo que está ocurriendo hoy en las administraciones, al final da igual lo que voten los EE.PP. se les impone una representación sindical de los sindicatos “mayoritarios”.      Desde la Plataforma EBEP 36.3 le hemos entregado al Sr Edmundo el estudio/dictamen jurídico elaborado por la Universidad de Valencia donde se evidencia que se está socavando el principio de libertad sindical en las administraciones públicas y por el que se aporta una propuesta de solución legislativa al conflicto. El grupo Ciudadanos se han mostrado favorable a apoyar la corrección de esta incongruencia democrática, informándonos el Sr Edmundo que es conocedor de la problemática de su época sindicalista independiente y se muestra partidario del cambio, sobre todo por un principio fundamental de democracia sindical y de respeto de la representatividad libremente expresada y otorgada en las elecciones sindicales en cada centro de trabajo por las y los EE.PP.      Es por ello que nos manifiesta que presentará a la Comisión una PNL, Proposición No de Ley para que desde el Gobierno se proceda a las modificaciones pertinentes en la línea de lo propuesto por la Plataforma EBEP 36.3 que garantice la representación y democracia sindical que la Constitución y la propia Ley de Libertad Sindical promulga.       Desde las Organizaciones Sindicales que componemos la Plataforma EBEP 36.3 agradecemos al portavoz de Ciudadanos su interés y apoyo a la democracia sindical y el respeto a la libre decisión en la elecciones de sus representantes por parte de las y los ee.pp de este país. Estaremos pendientes del debate que se genere y realizaremos las acciones necesarias en defensa de la democracia y la libertad sindical.  

Funcionarios de la Diputación de Albacete amañaban oposiciones para colocar a familiares www.elespañol.com   17-12-21   La Policía Nacional ha intervenido material de espionaje para grabar reuniones de tribunales donde se decidían las preguntas de exámenes.      Una tempestad judicial de proporciones bíblicas se cierne sobre la Diputación Provincial de Albacete. El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha destapado una organización criminal integrada por funcionarios de esta institución supuestamente dedicados a amañar exámenes de oposición. EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a las diligencias por supuestos delitos de cohecho y organización criminal, que de momento afectan a catorce empleados públicos de distinto rango. El escándalo es mayúsculo porque solo acaba de empezar el efecto dominó...      La lista de oposiciones que están en la diana policial es ingente, con el perjuicio que ello supone para cientos de opositores que pagaron tasas, academias para prepararse las pruebas, y que se dejaron las pestañas a base de horas estudiando un examen al que llegaron otros aspirantes con el aprobado garantizado para acceder a un puesto de trabajo. De hecho, su único esfuerzo consistió en empollarse, unos días antes, 2/6 las respuestas a las preguntas que les filtraron presuntamente funcionarios de la Diputación y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que integraban el tribunal opositor en cuestión.      En los informes policiales, figuran bajo sospecha convocatorias a oficial electricista, administrativo, bombero, mecánico conductor de automóvil, portero, ingeniero técnico de obras públicas, monitor deportivo, guarda, profesores de Música, Artes Escénicas... Para darle más morbo a la investigación, la persona que ha tirado de la manta es la exmujer de un ingeniero técnico industrial de la Diputación de Albacete, al que la Policía Nacional sitúa como presunto cabecilla de la trama.      "Mi representada formuló denuncia ante la Comisaría de Policía Nacional de Albacete poniendo de relieve los hechos delictivos de los que había tenido conocimiento como esposa del querellado, con el deseo de que pudieran investigar aquellas conductas ilícitas que han perjudicado tanto a los ciudadanos, como a las instituciones públicas, y que han provocado a lo largo del tiempo una situación de intranquilidad, desasosiego y ansiedad en mi representada", tal y como expone la denuncia que provocó que el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal iniciase una 'caza de brujas' en la Diputación de Albacete.      Desde 2013 hasta 2016, el citado ingeniero supuestamente ha liderado a un grupo de empleados públicos en una trama de amaños de oposiciones, consistente en dar un trato de favor a los aspirantes que seleccionaban. Así lo expone -sin paños calientes- la Policía Nacional: "Nos encontramos ante una organización criminal de funcionarios que obtenía los exámenes de las oposiciones a Diputación, con la finalidad de beneficiarse de las distintas plazas ofertadas para sí mismos o para sus allegados".      La 'ex' del ingeniero es concejal en un Ayuntamiento de la provincia albaceteña y destapó este 'tocomocho' opositor aportando en sede policial un 'pendrive'. El dispositivo almacenaba grabaciones de una reunión del tribunal de una oposición a oficial electricista donde se acordaron las preguntas del examen, así como archivos de texto con cuestiones que se incluyeron en otras oposiciones de electricista y guarda.    Material de espionaje      Los tentáculos de la trama criminal son tan alargados, que los investigadores ponen en tela de juicio la pulcritud de los procesos de oposición convocados en los últimos años por este órgano de gobierno de la provincia. "Parece que en la Diputación se hubiera convertido en lo habitual, que las plazas de oposiciones fueran para los allegados a los funcionarios de este organismo, convirtiéndose en 'modus' habitual, oposición tras oposición, cambiando el 'modus operandi', según el caso (...)".      Para filtrar las preguntas de los exámenes la organización recurría a dos prácticas. La primera consistía en usar material de espionaje debido a que antes de las reuniones de cualquier tribunal opositor, sus integrantes tenían que entregar su móvil al secretario. De modo que los funcionarios investigados, empleaban desde un bolígrafo espía, equipado con un micrófono para grabar la sesión, a tarjetas telefónicas prepago, a las que insertaban micros que se activaban mediante una llamada desde el exterior, incluso portaban un bolso con un habitáculo secreto para una grabadora.      Durante la reunión se decidían los contenidos de los exámenes, de modo que ellos salían con las preguntas grabadas para posteriormente transcribirlas y pasarlas a los 'elegidos'. La segunda práctica consistía en introducir en el tribunal a varios miembros de esta supuesta trama, los cuales acudían a la sesión con una batería de preguntas previamente redactadas y se coordinaban para introducirlas en la prueba. El resultado final no variaba: las cuestiones luego eran filtradas al opositor u opositores seleccionados.       De los dos métodos, el del espionaje era más efectivo que el de colar a varios miembros de la trama en el tribunal para decidir el contenido final de la prueba. Valga como botón de muestra dos convocatorias de febrero de 2015, donde los agentes puntualizan que en la oposición a guarda, la organización dispuso de 51 de 80 preguntas, mientras que en la de oficial electricista se hicieron con el 100% al grabar la reunión.   'Quid pro quo'      El gancho para que los funcionarios se sumasen a la trama, consistía en obtener un empleo para toda la vida siguiendo el principio de 'quid pro quo': "Si tú colaborabas como miembro del tribunal para que aprobara un allegado de otra persona, posteriormente en otra oposición te ayudarían a ti para que aprobara un allegado tuyo".      Pasar a formar parte de un tribunal es sencillo porque sus miembros son elegidos entre el personal de la Diputación de Albacete, a propuesta de los sindicatos y de la Corporación Provincial. De forma, que los tribunales que diseñaban los exámenes a veces estaban tan corrompidos que cinco de sus siete miembros se dedicaban a soplar las preguntas.      La Policía Nacional ha cotejado los datos personales de los integrantes de los tribunales de las convocatorias auditadas y ha cantado bingo porque hay nombres "recurrentes", así como una relación directa entre aprobados y miembros de tribunales. "Llama la 4/6 atención que de 1.783 aspirantes a la oposición de operario, por la modalidad de oposición libre, en la que todos parten en igualdad de condiciones, cinco de los seis aprobados tengan vínculos con personas investigadas en esta trama".      El contenido de uno de los informes es demoledor por la cadena de favores que dibuja y que supuestamente se ha instaurado desde 2013 entre algunos funcionarios, con el objetivo de mercadear con plazas de empleo público convocadas desde la citada institución:      "Todo ello explicaría el interés, o riesgo, de sumarse a la introducción de grabadoras en reuniones de tribunales, prepararse las preguntas para la reunión del tribunal o cualquier otro acto en la obtención de los exámenes y filtración de estos, medidas que se iban modificando según pasaban las pruebas. Lo que supuestamente llevaba a que miembros de tribunales ayudaran a aprobar a opositores relacionados directamente con miembros de otros tribunales, y estos ayudaran a aprobar a los opositores relacionados con miembros de otros tribunales, quedando todo entre ellos, aprobando cónyuges, hijos, familiares, amigos y sobre todo, ellos mismos"   Cambiazo al ordenador      La logística tecnológica de la organización era tan amplia, que contaban con un ordenador idéntico a uno de la Diputación y lo usaban para sustituir el original para extraer las preguntas definitivas del examen codiciado. Una vez que habían dado el cambiazo, disponían de un pendrive con un 'software' propio de un hacker que les permitía dotar de conexión a internet a cualquier dispositivo e imprimir un documento en la impresora más cercana -sin configuración previa-.      "Posteriormente, el examen supuestamente se enviaba por correo electrónico a una dirección email externa o a una impresora para obtenerlo en papel". Los aspirantes a los que filtraban una copia de la prueba, podían llegar con cero puntos a oposiciones en la modalidad de concurso, ya que luego se hacían con la primera plaza y con la mejor nota sin tener experiencia ni cursos. Así ocurrió en la convocatoria de operario que se llevó la hija de un antiguo jefe de área de la Diputación Provincial.      Las víctimas colaterales de esta trama son todos aquellos opositores que cumplieron preparándose honradamente los temarios. La cifra de damnificados puede ser disparatada a la vista de los datos de las convocatorias: 117 aspirantes para dos plazas de oposición libre y concurso oposición de oficial electricista, 246 aspirantes para dos plazas de guarda, 35 a subdirector del Servicio Provincial de Bomberos...      El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal sitúa como cabecilla de esta supuesta organización criminal de funcionarios, a un ingeniero técnico de obras públicas con gran prestigio en la provincia de Albacete. "Identificado por la denunciante [su exmujer] y una testigo, como la persona que en el audio entrega los objetos grabadores".      Además, uno de los teléfonos intervenidos es de su propiedad y se ha confirmado que se utilizó para realizar llamadas a micrófonos grabadores en los días de reunión de los tribunales opositores. "Es quien aparte de hacer entrega de objetos, pone en marcha la grabación, dice donde dejar los objetos, posicionar el micrófono, dinámica de la operativa, emite órdenes, controla la situación y da cuenta de la habitualidad de esta práctica", tal y como figura en un atestado policial.   Una denuncia guiada      El ingeniero ha contratado al afamado abogado murciano Raúl Pardo-Geijo, para que ejerza su defensa. "Los hechos son rotundamente falsos", subraya el penalista, al tiempo que asegura que la exmujer de su cliente le pidió dinero al funcionario para no tirar de la manta. "La denunciante, que a día de hoy no ha superado la ruptura matrimonial, lleva durante dos años extorsionando a mi cliente y a otros compañeros de trabajo con los que tiene relación directa, para que le sean abonados 200.000 euros, a cambio de no filtrar una información que, según dice, está relacionada con posibles amaños en la Diputación desde el año 2013".      El letrado puntualiza que el funcionario no cedió al pago de los 200.000 euros y ejerció acciones legales contra su 'ex', a la sazón, confidente policial de la trama. En la actualidad, esta mujer es concejal en un Ayuntamiento de la provincia albaceteña y se encuentra "procesada" por extorsión y por revelación de secretos -al aportar documentación económica personal durante el proceso de divorcio-.      "Ahora, años después, esta mujer interpone una denuncia dirigida por un claro enemigo de varios de los denunciados, ya que aporta información de imposible conocimiento por su parte, y además, la acompaña con un pendrive que para dar veracidad a su espuria tesis, contiene archivos personales de mi defendido, junto a otros burdamente manipulados", zanja Pardo-Geijo. La investigación estaba declarada bajo secreto de sumario: ahora el escándalo opositor albaceteño es público.                      

 REUNIÓN PLATAFORMA POR LA DEMOCRÁCIA SINDICAL EBEP 36.3 CON EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.                        La Plataforma EBEP 36.3 se reúne en el Congreso de los Diputados con el Portavoz del grupo Socialista en la Comisión de Función pública Jose Luís Aceves. Galindo trasladándole  la grave situación en la que se encuentra la representación sindical de los empleados públicos en todas las Administraciones de la nación.      En las distintas Administraciones Públicas se está restringiendo desde 2018, la presencia de organizaciones sindicales ampliamente representativas en el ámbito público, en una aplicación errónea y distorsionada del Artículo 36.3 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que  de facto viene a imponer la representación sindical por imperativo legal de los sindicatos definidos como mayoritarios (CCOO y UGT) todo ello al margen de lo votado por los propios empleados públicos en las urnas.    Desde la Plataforma EBEP 36.3 (constituida en 2019 por más de un centenar de Organizaciones Sindicales de todo el país), se ha hecho entrega al portavoz de Función Pública del Grupo Socialista en el Congreso del estudio/dictamen jurídico elaborado por la Universidad de Valencia donde se evidencia que se está socavando el principio de libertad sindical en las administraciones públicas y por el que se aporta una propuesta de solución legislativa al conflicto.    Concretamente, se trata de la modificación del artículo 36.3 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para que en la constitución de las Mesas Generales de Negociación de las distintas Administraciones Públicas se tengan en cuenta los resultados obtenidos en el conjunto de las elecciones a los órganos de representación de los empleados públicos comprendidos en el correspondiente ámbito de negociación y no en otros, tal y como así establece de manera integradora y participativa la propia Ley Orgánica de Libertad Sindical e incluso el mismo EBEP en la constitución de la Mesa General de las Administraciones Públicas y así se realizaba desde la promulgación del EBEP (2007) hasta la extemporánea sentencia del 2018 desvirtuando la voluntad del legislador en su promulgación.    El Sr. Aceves  se ha mostrado sensible a la información trasladada, valorando la misma y partiendo de la responsabilidad como legisladores de remover los obstáculos necesarios en aras a garantizar la democracia sindical y por supuesto del respeto a la libre elección de sus representantes sindicales ejercida en las urnas por los propios trabajadores  en sus centros de trabajo amparados por la Ley de Libertad Sindical.    Por ello se ha comprometido a trasladar la reclamación ante el Ministerio de Función Pública para que le informen de la situación y ver las posibilidades de solución, informándonos en cuanto le contesten desde el Ministerio y realizando un seguimiento y contacto permanente.    Desde la Plataforma EBEP 36.3 abogamos activamente por la modificación legal del EBEP, para evitar su interpretación desvirtuada y restrictiva y así se lo estamos  trasladando a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. En este sentido, desde las Organizaciones sindicales que componemos la Plataforma EBEP 36.3 agradecemos al Grupo Socialista su interés e  implicación en la defensa de la democracia y  libertad sindical de este país y el derecho de los empleados públicos a que sus intereses estén democráticamente representados en las Mesas de Negociación Colectivas.  

El caso de los 43 enchufes del PSOE en Benidorm llega a juicio contra dos exconcejales y seis técnicos   Detectan indicios de prevaricación, tráfico de influencias y malversación por las «relaciones familias y políticas» con el gobierno local   www.abc.es  14-12-2021 www.elespañol.com  14-12-2021 www.benidormaldia.com  14-12-2021   El caso de los 43 enchufes investigados en el Ayuntamiento de Benidorm cuando gobernaba el PSOE en 2010 llega a juicio tras el auto de procedimiento abreviado dictado por el juzgado número 2 del municipio, por los «indicios racionales» de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Se sentarán en el banquillo dos exconcejales socialistas y seis técnicos municipales, por un perjuicio económico para las arcas públicas de 4,5 millones de euros.   La forma en que se favoreció a personas con «relación familiar o política con el equipo de gobierno», según describe este auto, consistió en aplicar subidas salariales -con el informe contrario del interventor municipal- y en cubrir plazas de trabajo sin justificar.   En consecuencia, se considera que hubo una «irregular política de personal y presupuestaria» con un «delito continuado de tráfico de influencias» y se responsabiliza a ocho acusados.   Están procesados por sus cargos y funciones en aquel momento Carmen Navarro Orts (como jefa de Recursos Humanos), Juan Ramón Martínez Martínez (concejal delegado de Recursos Humanos), Daniel Caneiro Espino (coordinador de Recursos Humanos y jefe de Personal), Natalia Guijarro Martínez (concejal de Recursos Humanos), Julio Fernández Lleras (jefe del departamento de Nóminas), María Dolores Cantó Cerdá (técnica de Relaciones Laborales del departamento de Recursos Humanos), María Matilde Martínez Pérez (jefa de Negociado de Personal) y José Asensio Salamero (funcionario municipal).   Complicidad de los técnicos   Desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), que denunció las irregularidades que luego, a su vez, llevó al juzgado el Ministerio Fiscal, han valorado que «queda claro que el político puede tener responsabilidades por firmar resoluciones injustas y ordenar cualquier cosa, pero el funcionario, en definitiva, los técnicos, deben velar por la legalidad, por lo que tienen la misma responsabilidad o mayor». Además, han puesto de relieve que «un político sin la ayuda de los técnicos no puede cometer este tipo de delitos en una Administración pública, además, la prevaricación administrativa es el peor delito que puede cometer un funcionario». Según señala el SPPLB, como ejemplo de las colocaciones «a dedo», se constata que «la contratación personal laboral de nuevo ingreso se cifra en 130 nuevos contratos, el personal funcionario de nuevo ingreso se cifra en 13, a pesar de que según la tasa de reposición establecida en la Ley 26/2009, correspondían únicamente 3 nuevos ingresos»   Familiares y amigos   Entre los 43 enchufes bajo investigación en esta causa, están el padre, el marido y el hermano de tres concejales socialistas de aquel momento, y otros beneficiados vinculados a la lista municipal de este partido en las elecciones.   Uno de los casos más escandalosos que se destapó con la denuncia de este sindicato apuntaba al secretario general de UGT en el Ayuntamiento,Daniel Caneiro, uno de los investigados que será juzgado, y que pudo llegar a cobrar más que el alcalde. El SPPLB le acusó públicamente, además, de «prohibir» al departamento de Nóminas que facilitara esa información sobre su sueldo.   También llamó la atención en su día la creación de una plaza de criminólogo, que existe en unas pocas ciudades españolas con más población, pero inusual en municipios de 60.000 habitantes como Benidorm. Todos estos dispendios, en un momento de crisis y austeridad. El volumen de información y la cantidad de beneficiados por los incrementos retributivos de miles de euros hizo que este caso se convirtiera en «causa compleja».     www.elespañol.com

  La Plataforma EBEP 36.3 advierte al PP en el Congreso del déficit de representación sindical democrática en las Administraciones     La Plataforma EBEP 36.3 “por una representación sindical democrática en la Administración pública”, se reúne con el grupo parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados para trasladarle la grave situación en la que se encuentra la representación sindical de los empleados públicos en todas las Administraciones.   Las distintas Administraciones Públicas están restringiendo, desde 2018, la presencia de organizaciones sindicales ampliamente representativas en el ámbito público, en una aplicación errónea y distorsionada del Artículo 36.3 del EBEP, que favorece al duopolio sindical impuesto por CCOO-UGT en relación a la constitución de las Mesas Generales de Negociación y, sin embargo, excluye a los representantes elegidos por los propios empleados públicos en las urnas.   Desde la Plataforma EBEP 36.3 (constituida en 2019 por más de un centenar de Organizaciones Sindicales de todo el país), se le ha hecho entrega a la portavoz de Función Pública del Partido Popular en el Congreso del estudio/dictamen jurídico elaborado por la Universidad de Valencia donde se evidencia que se está socavando el principio de libertad sindical en las administraciones públicas y por el que se aporta una propuesta de solución legislativa al conflicto. El grupo parlamentario popular se ha mostrado favorable a apoyar la corrección de esta incongruencia democrática, en tanto en cuanto sus expertos estudien con detenimiento los detalles y las implicaciones de esta posible modificación legislativa.     Concretamente, se trata de la modificación del artículo 36.3 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para que en la constitución de las Mesas Generales de Negociación de las distintas Administraciones Públicas se tengan en cuenta los resultados obtenidos en el conjunto de las elecciones a los órganos de representación de los empleados públicos comprendidos en el correspondiente ámbito de negociación y no en otros.   Desde la Plataforma EBEP 36.3 abogamos activamente por la modificación legal del EBEP, para evitar su interpretación desvirtuada y restrictiva y así se lo venimos trasladando a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. En este sentido, desde las Organizaciones sindicales que componemos la Plataforma EBEP 36.3 agradecemos a la portavoz popular su interés y esperamos que el Grupo pueda materializar los pasos encaminados a la defensa de la libertad sindical de este país y al derecho de los empleados públicos a que sus intereses estén democráticamente representados en las Mesas de Negociación Colectivas.  

     El pasado viernes, por parte de la Sección Sindical del Ayuntamiento de València del SPPLB, se organizó un almuerzo-homenaje a los Policías y Bomberos del Ayuntamiento de València afiliados al sindicato y que se han jubilado durante los años 2020 y 2021.         Un homenaje que contó con la extraordinaria presencia de 32 jubilados y jubiladas, protagonistas principales del acto y sin los cuales nunca se podría realizar, y donde el Secretario General de la Sección Sindical de València y los Coordinadores de los colectivos de Policía Local y Bomberos del Ayuntamiento de València, hicieron entrega de las placas conmemorativas a todos ellos/as.             Desde el SPPLB agradecer la presencia de estos veteranos y el apoyo que durante tantos años nos han dado, puesto que todos nuestros afiliados y afiliadas, pasados, presentes y futuros, son los que hacen posible que el SPPLB siga adelante y pueda trasladar las reivindicaciones de los colectivos a los que representa a aquellas instituciones locales, autonómicas o estatales a las que sea necesario para la consecución de los objetivos de mejora y dignificación de nuestras profesiones.        SPPLB, SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍA LOCAL Y BOMBEROS 

La Plataforma EBEP 36.3 consigue el compromiso de VOX por una reforma que garantice la representación sindical democrática en la negociación colectiva   La Plataforma para la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP 36.3, formada en 2019 por un centenar de organizaciones sindicales, denuncia que las distintas Administraciones Públicas están restringiendo la presencia de sindicatos ampliamente representativos en el ámbito público, en una aplicación errónea y distorsionada del Artículo 36.3 del EBEP, en relación a la constitución de las Mesas Generales de Negociación.   Desde la Plataforma EBEP 36.3 abogamos activamente por la modificación legal del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para evitar su interpretación desvirtuada y restrictiva y así se lo venimos trasladando a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.     En este sentido, el Grupo Parlamentario VOX ha entendido nuestra justa petición y se ha comprometido a solicitar la modificación del artículo 36.3 del Estatuto Básico del Empleado Público para que en la constitución de las Mesas Generales de Negociación de las distintas Administraciones Públicas se tengan en cuenta los resultados obtenidos en el conjunto de las elecciones a los órganos de representación de los empleados públicos comprendidos en el correspondiente ámbito de negociación.   En la práctica, se da la paradoja de que hay Mesas de Negociación conformadas por sindicatos mayoritarios en ámbitos superiores, pero que no han obtenido los votos necesarios entre el colectivo de empleados públicos del ámbito de negociación cuyas condiciones de trabajo se regulan desde esa Mesa y, sin embargo, se excluye de esa misma Mesa a los sindicatos que sí han obtenido el refrendo de los empleados públicos de dicho ámbito.   Paralelamente, desde el Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados, nos informan que ya han trasladado su iniciativa para la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical en cuanto a la consideración de sindicatos de mayor representatividad, para terminar con la “dictadura sindical” impuesta por CCOO y UGT por imperativo legal.     Madrid, 3 de Diciembre de 2021

Hoy en la sede del SPPLB de Valencia nos hemos reunido con los   Diputados  de  Ciudadanos de las Cortes Valencianas,  Dńa. María del Carmen Peris y D. Luis Arquillos.   En la reunión hemos tratado diversos temas de actualidad de la Comunidad Valenciana, sobre todo la paralización del Curso 52 del IVASPE, así como la situación en general de la AVSRE y de la SGISE. En esta última recordar que los bomberos forestales siguen de huelga desde hace ya un mes.   Además hemos hecho una valoración de la manifestación del pasado sábado donde todos los Policías de Espańa nos manifestamos en contra de la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana.   Desde el SPPLB agradecer a los Diputados la visita realizada a la sede del SPPLB.             València 29 de Noviembre del 2021    

IRREGULARIDADES  EN LA OPOSICIÓN DE OFICIALES DE POLICIA LOCAL DE ALGEMESI           En las ofertas de empleo público de los años 2018 y 2019  se aprobaron la creación de 4 plazas de Oficial de Policía Local. El Ayuntamiento se decide, por fin, a sacar adelante dicha convocatoria con la publicación de sus bases en el BOP con fecha 15 de Octubre de 2021.           Con fecha 2 de Noviembre se abrió el plazo de presentación de instancias dando así por iniciado el proceso selectivo y el 9 de noviembre, de manera sorprendente, el Ayuntamiento de Algemesí aprueba una resolución, sin motivación alguna, siendo ésta la suspensión del plazo de presentación de instancias.                Misteriosamente dicha resolución dice textualmente: que se reanudará “cuando se considere oportuno”,          Esta desafortunada paralización no ayuda a la trasparencia del proceso, creando malestar tanto en el seno de la plantilla de policía local como entre los opositores que se pudieran presentar de otras localidades. Llama mucha la atención que la única titulación requerida en las bases, sea la de técnico superior, discriminando a los demás aspirantes que posean una titulación de nivel superior.        Según los comentarios que circulan por el cuerpo policial, durante todos estos años, el ayuntamiento ha estado esperando a que la persona elegida por el equipo de gobierno para que aprobara una de las plazas de oficial por promoción interna, se pudiera sacar la titulación de técnico superior para que se pudiera presentar.        Al parecer  la necesidad urgente y repentina de paralización del plazo de presentación de instancias,  podría ser motivada por un “error de cálculo” por parte de la administración local, ya que dicha persona no ha finalizado el grado de técnico superior, estando a la espera de obtener el certificado del mismo, el cual tendrá en unos meses.        Por todo lo anteriormente expuesto, y velando siempre por la trasparencia y la legalidad de las oposiciones de Policía, este sindicato ha realizado una impugnación de las bases de Oficial de Policía Local de Algemesí, esperando que el ayuntamiento rectifique y no se tenga que acudir a los tribunales.

Policías alicantinos y valencianos del SPPLB se suman a la protesta en Madrid con respaldo de varios partidos. www.abc.es  28-11-2021   Los líderes nacionales de PP, Ciudadanos y Vox arropan a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.     Miembros del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) desplazados desde Alicante y el resto de la Comunidad Valenciana han asistido este sábado en Madrid en la manifestación convocada por la plataforma policial «No a la España insegura».   La delegación provincial de Alicante, liderada por el vicesecretario provincial del SPPLB, Francisco Ángel González, ha valorado positivamente la participación en la protesta por las calles de Madrid.   El dirigente del SPPLB con el presidente de Vox, Santiago Abascal - ABC   El representante sindical ha podido compartir con muchos compañeros de otros sindicatos policiales de España «la gran preocupación existente por la anunciada reforma del Gobierno y sus socios sobre la Ley de Seguridad Ciudadana», tal como ha destacado en un comunicado.   También ha podido trasladar de primera mano a los lideres políticos nacionales que estaban en la manifestación, del PP, Pablo Casado, de Ciudadanos, Inés Arrimadas y de Vox, Santiago Abascal, «el mensaje claro y rotundo de total oposición de los policías locales alicantinos y del resto del Estado Español a dicha reforma y solicitar su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».